Más de 170 científicos y profesores de universidades catalanas piden parar la nueva “ley del aborto”

La situación es aún más grave en Cataluña por el anteproyecto de Derechos y Oportunidades de la Infancia

Un total de más de 170 académicos, catedráticos y profesores de universidades catalanas han apoyado en la última semana un manifiesto en el que se pide la derogación de la ley del aborto.

Los firmantes rechazan, por tanto, la propuesta contenida en el documento aprobado el pasado 18 de febrero por la Comisión de Igualdad del Congreso que ha estudiado la reforma de la ley y que prevé la “derogación del delito de aborto” y propone “un modelo en el que corresponde a las mujeres embarazadas la decisión sobre el aborto en un plazo determinado sin supervisión de terceros, combinado con la previsión de varios supuestos o indicaciones, en los que la IVE podría practicarse durante un período mayor al plazo general”.

“Se trataría de establecer un plazo [...] que, en particular, dé cabida a la gran mayoría de las IVEs que se practican en nuestro país”. Así se dice textualmente en Capítulo II Conclusiones Punto 6. Propuestas y 6.1. Líneas del modelo, que aparecen en la página 27 de dicho documento de la Comisión de Igualdad.

Los abortos provocados se han multiplicado

Los firmantes del manifiesto de rechazo al aborto y a la nueva ley señalan que la aplicación de la todavía vigente ley “no sólo no ha reducido el número de abortos provocados, sino que los ha multiplicado enormemente”, de forma que en la actualidad superan de largo los 100.000 al año en España, y en Cataluña han supuesto en el año 2007 un total de 21.871 con un incremento del 8% respecto al año anterior.

Añaden que el ser humano en gestación “se encuentra en una situación de falta de garantías e indefensión, al quedar la interpretación y aplicación de la ley ajena a todo control y vigilancia jurisdiccional, en contra de las prescripciones del Tribunal Constitucional”.

En el manifiesto se señala que se ha ido imponiendo en la legislación española la posibilidad de experimentación con embriones humanos. Y añaden: “hoy queremos asegurar y reafirmar el derecho que todo ser humano tiene a ser respetado en su dignidad, desde la fecundación a la muerte natural en todos los estadios de su vida”.

Los firmantes hacen suyas las conclusiones de la ciencia, que “afirma que desde la fecundación existe un nuevo ser humano, vivo, original, irrepetible, distinto de la madre y, por tanto, con unos derechos que deben ser reconocidos, respetados y garantizados por el ordenamiento jurídico [...]. Ningún poder está legitimado para ignorarlo o violarlo”.

Los firmantes proponen que se promulguen las normas necesarias para que en todos los órdenes se proteja el derecho a nacer, a la vez que se ayude a las madres embarazadas.

En el manifiesto se pide también que se fomenten y mejoren los cuidados paliativos, “para que los enfermos que los necesiten vivan sus últimos momentos con calidad en la atención, con serenidad y con paz”.

Peor aún en Cataluña

Los firmantes del manifiesto señalan que en Cataluña se da una circunstancia agravante respecto al conjunto de España a raíz del Anteproyecto de Ley de Derechos y Oportunidades de la Infancia que prepara el Gobierno de la Generalitat.

De aprobarse dicho texto las chicas a partir de 16 años de edad podrán decidir abortar sin el conocimiento ni el consentimiento de sus padres. Es un nuevo atentado contra la vida humana, una nueva intromisión de las instituciones públicas en los derechos de los padres y de las familias y un mensaje deformador para la juventud.

Por su interés, reproducimos a continuación el texto íntegro del manifiesto firmado, a día de hoy, 27 de febrero, por 157 académicos, al que se han adherido los científicos y profesores universitarios catalanes. Para nuevas adhesiones se puede consultar la web es www.sosquierovivir.com

ACADÉMICOS EN DEFENSA DE LA VIDA HUMANA
DESDE LA CONCEPCIÓN A LA MUERTE NATURAL

A los poderes públicos, a la opinión pública, a las instituciones y asociaciones, a todos los españoles

En noviembre de 1981, ante las intensas presiones que sobre la opinión pública española se estaban ejerciendo para inducirla a consentir la legalización del aborto provocado, 1.400 firmas de académicos, catedráticos y profesores universitarios respaldaron un Manifiesto afirmando el derecho a la vida como derecho primario, inviolable desde el momento de la concepción y con vigencia por encima de cualquier ley emanada de los poderes públicos. Hacían suyas también las conclusiones de la ciencia que afirma que desde la fecundación existe un nuevo ser humano, vivo, original, irrepetible, esencialmente distinto de la madre y, por tanto, con unos derechos que deben ser reconocidos, respetados y garantizados por el ordenamiento jurídico.

Tras la aprobación de la ley permisiva del aborto provocado en 1985 (1), a lo largo de todos estos años ha tenido lugar en España un gravísimo proceso de depreciación de la vida humana, confirmado por una serie de hechos:
1º) La aplicación de la ley, no sólo no ha reducido el número de abortos provocados sino que los ha multiplicado enormemente. Actualmente se realizan en nuestro país más de 100.000 abortos al año: 91.664 en 2005 y 101.592 en 2006 (2).
2º) El ser humano en gestación se encuentra en una situación de falta de garantías e indefensión, al quedar la interpretación y aplicación de la ley ajena a todo control y vigilancia jurisdiccional, en contra de las prescripciones del Tribunal Constitucional (Sentencia nº 53/1985 de 11 de abril) y de otras normas vigentes (3).
3º) Desde el PSOE y otros partidos se vienen realizando insistentes propuestas para establecer una ley de plazos que permitiría practicar abortos sin alegar causa alguna durante los 5 primeros meses de la gestación. En la actualidad se puede abortar en cualquier momento del embarazo si se alega el primer supuesto. (peligro para la salud de la madre).
4º) Paulatina e inexorablemente, se ha ido imponiendo en la legislación española la posibilidad de experimentación con embriones humanos, cuyo patrimonio genético desde la fecundación es único e irrepetible, como objetos susceptibles de ser utilizados, manipulados, clonados o eliminados para fines diversos: experimentación, investigación, selección genética (el llamado “bebé medicamento”), tratamiento de algunos tipos de patologías (células madre embrionarias) (4).
5º) Por parte del ministro de Sanidad, Sr. Bernat Soria, se anuncia la intención de legalizar la eutanasia activa. Bajo la fórmula legal de “despenalización del suicidio asistido”, se pondría fin intencionadamente a la vida de personas en determinadas situaciones: desahuciados, determinados deficientes, etc. Así, se limitaría el derecho a la vida de los más indefensos, más débiles o más vulnerables, que quedarían discriminados.

Todos estos hechos son un claro exponente de la trivialización y cosificación de la persona, y del quebrantamiento de su dignidad. Una sociedad que no respeta la vida es una sociedad enferma que ha perdido la esperanza. Por ello hoy queremos asegurar y reafirmar el derecho que todo ser humano tiene a ser respetado en su dignidad, desde la fecundación a la muerte natural en todos los estadios de su vida. Ningún poder está legitimado para ignorarlo o violarlo.

En consecuencia pedimos a los poderes públicos que, de acuerdo con los principios y derechos de libertad, justicia, igualdad, dignidad y no discriminación proclamados en la Constitución Española, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos (5):
- Se inserte después de la primera afirmación del artículo 15 de la Constitución: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral”, la siguiente adición “desde la fecundación a la muerte natural”.
- Se promulguen las normas necesarias para que en todos los órdenes se proteja el derecho a nacer, derogando aquéllas que lo violan o lo limitan selectivamente.
- Se reconozca la personalidad jurídica del “nasciturus” en todas las fases de su desarrollo, sin olvidar al embrión.
- Se fomenten y mejoren los cuidados paliativos, para que los enfermos que los necesitan vivan sus últimos momentos con calidad en la atención, con serenidad y con paz.
- Se ayude efectivamente a las mujeres embarazadas, personal, social y económicamente, y se ponga a su disposición la ayuda necesaria, promoviendo para ello centros de acogida y atención.

Creemos que corresponde a todo ciudadano responsable la defensa sin ambigüedades de este inalienable derecho a la vida, cuyo respeto es el fundamento de la paz. Por ello hacemos un llamamiento a la sociedad en general y a los poderes públicos, para que se cree un marco favorable a su defensa como valor supremo y para que se respete y garantice con los medios debidos.

(1) L.O. 5/1985 de 5 de julio.
(2) Según estadísticas del Ministerio de Sanidad y Consumo, esta progresión es común a todos los países con legislaciones abortistas. Así, en los últimos 30 años, se han llevado a cabo unos 50.000.000 de abortos por término medio anual en el mundo.
(3) Real Decreto 2409/1986 de 21 de noviembre sobre Centros Sanitarios Acreditados y Dictámenes preceptivos para la práctica legal de la interrupción voluntaria del embarazo. Ley 41/2002 de 14 de noviembre reguladora de la autonomía del paciente (…) que recuerda la necesidad de practicar el “consentimiento informado”.
4) Ley 42/1988 de 28 de diciembre sobre donación y utilización de embriones. Ley 14/2006 de 26 de mayo reguladora de las técnicas de reproducción humana asistida. Ley 14/2007 de 3 de julio de investigación biomédica.
(5) Especialmente los arts. 1, 9.2, 10, 15, 49 de la Constitución Española y 3 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Los riesgos del populismo punitivo

Firmado por Cristina Abad Cadenas
Publicado en Aceprensa
Fecha: 26 Febrero 2009

Los padres de la joven Marta del Castillo, al igual que los de la pequeña Mari Luz asesinada en enero de 2008 por un pederasta reincidente no convicto, se han convertido en abanderados de una campaña encaminada a lograr el endurecimiento de las penas que se aplican en España a determinados delincuentes.

Nada más natural que un padre clame justicia ante la muerte de una hija. A lo largo de estos meses los hemos visto recoger firmas, encabezar manifestaciones y mantener encuentros con el Gobierno y el principal partido de la oposición. Sus causas, motivadas en un primer momento por el desasosiego ante la desaparición de las víctimas, han derivado en auténticos fenómenos sociales, mediáticos y políticos catalizadores de cambios legislativos.

Juan José Cortés, padre de Mari Luz, solicitó el endurecimiento de las penas para los pederastas reincidentes y logró que el Gobierno reformara el Código Penal. Antonio del Castillo reivindicó ayer al presidente del Ejecutivo que se incluya el término cadena perpetua en el Código Penal para asesinatos, violencia sexual y pederastia, y que se acometa, para ello, una reforma de la Constitución a través de un referéndum. La solicitud no ha sido aceptada, pero Zapatero se ha comprometido a informarle de todas las medidas que contempla la reforma del Código Penal.

Miembros del Gobierno, y en particular la vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega, no tuvieron reparo en reconocer, hace unos meses, que la modificación que convierte nuestro código en el más duro de la democracia tiene relación directa con “acontecimientos que conmocionaron la opinión pública”.

Incluso, algunas de las medidas ‘estrella’, como el endurecimiento de penas y la libertad vigilada posterior a la cárcel para terroristas, agresores sexuales y pederastas, se presentaron al público después de que el padre de Mari Luz fuera recibido en La Moncloa por el presidente Zapatero.

Es una muestra de populismo punitivo: este fenómeno cada vez más frecuente alimenta el convencimiento de que las patologías sociales pueden ser resueltas mediante la aplicación del sistema penal. Las reformas y contra-reformas penales llevadas a cabo en España durante la última década representan el paradigma local de este tipo de estrategias de gobierno.

Víctimas y legisladores

El asesinato de Marta del Castillo contiene los elementos idóneos para un debate: la edad de la menor y su pertenencia a una familia media con la que se puede identificar buena parte de la sociedad; el morbo del crimen, la implicación de menores que han dado muestras de tener sangre fría hasta la implicación simulada en tareas de rescate; el desestructurado entorno familiar del asesino confeso y el efecto que éste haya podido producir en su personalidad; la posible definición (y utilización política) del caso como violencia doméstica; el papel de las redes sociales en la relación entre víctima y agresor y en la difusión del caso a terceros, incluidas las televisiones; el desconocimiento de los padres sobre la vida social de los hijos. Realmente, como luce en las chapas, “Todos somos Marta”.

Es razonable que delitos tan execrables como los mencionados pongan de relieve las deficiencias del sistema y lleven a reclamar mejoras. Pero cabe preguntarse si es igualmente razonable que el Código Penal cambie a golpe de sucesos y, si toda la culpa es achacable a las limitaciones de la justicia, y no a otros factores.
Los expertos alertan sobre los riesgos de este tipo de medidas. Según el profesor de Derecho Penitenciario de la Universidad Pontificia Comillas, Julián Ríos, “se mezclan las ansias de calmar a una opinión pública desinformada y una percepción tendenciosa del Derecho Penal por parte de los ciudadanos, que gracias a los programas de telebasura creen que todo se arregla con más cárcel. Los políticos son inteligentes y adoptan medidas urgentes para dar lo que la gente les pide”.

El profesor de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y miembro del Grupo de Estudios de Política Criminal Octavio García Pérez considera que “las reformas penales no se pueden dejar a las víctimas porque están tan inhabilitadas como los criminales”. “Las leyes no se pueden hacer con un cadáver sobre la mesa porque se pierde la objetividad para seguir la lógica del linchamiento. A las víctimas, lo que hay que ofrecerles es una buena indemnización, ayuda psicológica, servicios sociales..., pero nunca dejar en sus manos la política criminal”.

Carencias educativas

De alguna manera, el asesinato de Marta del Castillo y todas las circunstancias que lo rodean, es un fruto amargo de la deriva de nuestra sociedad. Es el Frankenstein que hemos creado entre todos, dando a los adolescentes una autonomía como si fueran adultos y sin educarles para que sean capaces de asumirla.

La solución del parche no es eficaz ni en el ámbito sexual, ni en el educativo, ni en el judicial. Como dice el juez de menores Emilio Calatayud, si un joven es capaz de cometer tal delito, es porque “ha fallado todo: su educación, la escuela y su familia”.

Y esto reclama un análisis serio, sosegado, al margen de populismos aprovechados políticamente. Y medidas sociales y educativas que permitan recuperar la autoridad de padres y profesores, formar en la afectividad a los jóvenes, enseñarles a ocupar su tiempo libre, a respetar al otro sexo, a asumir las consecuencias de su libertad.

¿Cómo lograr esto en un sistema que permite las relaciones sexuales a partir de los trece años, que insiste en el uso del preservativo como talismán contra los embarazos y las enfermedades de transmisión sexual y baja la edad para abortar sin consentimiento paterno a los 16 años?; ¿un sistema que permite pasar de curso sistemáticamente con asignaturas pendientes hasta el bachillerato?, ¿un sistema donde hay un divorcio cada cuatro minutos y donde aumentan peligrosamente las denuncias por maltrato?

Asumámoslo. Las carencias educativas tienen costes sociales. Más que castigar con mayores penas el mal uso de la libertad que hemos generado, deberíamos ir pensando que es más útil -más trabajoso también–, formar en la libertad responsable. Quizá consigamos, de paso, ser todos más felices.

Los argumentos que intentan justificar la reforma de la ley del aborto son falsos

(Publicado en Forumlibertas el 25 de febrero de 2.009)

No es cierto que con la actual ley las mujeres y los médicos estén desprotegidos; el Vaticano denuncia que el aborto libre “atenta contra la sociedad y el bien común”

Uno de los argumentos que esgrimen las conclusiones de la Subcomisión creada para estudiar la reforma de la Ley del Aborto en España y, por extensión, los responsables del Gobierno, se basa en la necesidad de dar mayor seguridad a las mujeres que deciden abortar y a los médicos que las ayudan.

Sin embargo, estos argumentos son falsos puesto que la actual ley ya protege a mujeres y médicos y, por el contrario, con la nueva ley del aborto libre los imputados en prácticas abortistas ilegales lo tendrían muy fácil.

La realidad es que la propuesta de reforma de la ley del aborto “atenta contra la misma sociedad” y va “contra el bien común”, como ha denunciado desde el Vaticano el presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral Sanitaria, el cardenal Javier Lozano Barragán.

El cardenal Barragán sostiene que la Iglesia se opondrá siempre a cualquier ley que busque legalizar o despenalizar el aborto porque éste no es otra cosa que “matar a un ser humano”, independientemente del momento del embarazo en que se realice.

“El Estado tiene la obligación de preservar la vida. Esta visión es la que primaba hace 15 ó 20 años, mientras que ahora los gobiernos son víctimas de pensamientos ideológicos y de una visión de la libertad mal entendida”, que lleva a “elegir lo que nos destruye” y acaba convirtiéndose en “mero libertinaje”.

La protección, “para los que hacen abortos ilegales”
Hay que recordar que la propia vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en su entrevista con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, cuando visitó España en los primeros días de febrero de este año, también esgrimió los argumentos de proteger mejor a mujeres y médicos.

De la Vega reconoció ante Bertone que existen posturas diferentes en la sociedad con respecto al aborto, pero añadió que el objetivo del Gobierno es garantizar y proteger los derechos de las mujeres que se encuentran en una situación “muy dura y difícil”. Se quiere “introducir seguridad jurídica” para las mujeres y los médicos, insistió la vicepresidenta.

Sin embargo, a la vista de lo que está sucediendo en nuestro país desde hace años con el tema del aborto y en qué forma a afecta a estos dos colectivos, se demuestra que los argumentos del Gobierno son falsos.

Como declaraba en una reciente entrevista a Europa Press el presidente de E-Cristians, Josep Miró, la actual ley del aborto ya protege a mujeres y médicos. “el que comete un delito, un aborto, es el que no está protegido; lo que la ministra quiere decir es que hay que proteger a los que hacen abortos ilegales”, dijo en referencia a la responsable de Igualdad, Bibiana Aído, que también se había referido a la supuesta desprotección de las mujeres y los médicos.

De hecho, no se conoce ningún caso de mujeres que hayan ido a prisión por esta causa, ni se han dado a conocer los nombres de mujeres implicadas en supuestos abortos ilegales, como en el caso de las más de 100 mujeres relacionadas con los abortos que practicaba el doctor Morín.

La inseguridad está en la clínica
Miró también criticó en esa entrevista que el Gobierno no informe a las mujeres de las “graves e importantes” consecuencias de este tipo de intervenciones.

Y es que, precisamente, incluso se podría asegurar todo lo contrario a lo argumentado por el Gobierno, es decir que la verdadera inseguridad de la mujer ante el aborto se produce precisamente en su paso por una clínica abortista, como se ha demostrado en diversas ocasiones.

Un ejemplo claro de los riesgos físicos que corre una mujer al abortar saltó a las portadas de la prensa por unos hechos ocurridos el pasado 13 de enero: una mujer murió tras ingresar en la clínica El Bosque de Madrid para someterse a un aborto.

Se da la circunstancia de que la clínica El Bosque ya había sido investigada por presuntas irregularidades relacionadas con los abortos en diciembre de 2007.

En el mismo sentido, de los datos del sumario del caso Morín se desprende también que las mujeres que abortaban en sus clínicas no estaban exentas de ciertos riesgos para su salud, como la posibilidad de desangrarse o de, en caso de alergias a ciertos medicamentos, tener que soportar fuertes dolores.

También hay que destacar los consabidos riesgos psíquicos que para la gran mayoría de las mujeres que abortan supone su paso por el quirófano de las clínicas abortistas.

Así lo constataba recientemente un estudio publicado por el British Journal of Psychiatry y recogido por Aceprensa, que confirma que abortar conlleva un riesgo psíquico para la mujer, es decir, el del “síndrome post-aborto”, en el que se incluyen la ansiedad, depresión, pensamientos suicidas, alcoholismo y adicción a las drogas.

¿Inseguridad de los médicos?
En cuanto a la supuesta inseguridad de los médicos ante la actual ley del aborto, habría que preguntarse cuántos de ellos han ido a prisión por practicar abortos y, los que la han pisado, cuánto tiempo han estado en esa situación.

Un ejemplo claro lo tenemos en los doctores Carlos Morín y Tomas Parra, implicados en supuestos abortos ilegales, que de la misma manera que entraron en prisión volvieron a salir.

De hecho, la única ‘gran detención’ mediática por esta causa ha sido la del doctor Morín, y trascendió porque se publicaron dos reportajes a nivel internacional sobre supuestas prácticas ilegales de Morín, y también por las declaraciones de una testigo protegida, una mujer que llevaba 17 años trabajando en una de sus clínicas.

Asimismo, habría que preguntarse, con la actual ley del aborto, cuántos casos de aborto ilegal ha inspeccionado la Policía, o cuántas inspecciones han practicado los responsables de la Sanidad en España en centros donde había la sospecha de posibles prácticas irregulares.

Esta pasividad de las administraciones públicas ante las tramas abortistas quedó reflejada en un reciente informe publicado por el diario La Gaceta, que situaba en el punto de mira a Barcelona, uno de los mayores ‘centros comerciales’ e ideológicos del negocio abortista.

Dejar de alimentar e hidratar es eutanasia

Firmado por Aceprensa
Fecha: 10 Febrero 2009

La muerte de Eluana Englaro, en coma vegetativo desde hacía 17 años, ha reabierto el debate sobre la eutanasia en Italia. A Englaro le suspendieron la alimentación e hidratación que le mantenía con vida. Juan Pablo II expuso la postura de la Iglesia Católica respecto a estos casos en el Congreso Internacional sobre “Los tratamientos de apoyo vital y el estado vegetativo. Avances científicos y dilemas éticos” (20-3-2004). Ofrecemos un extracto del discurso.

Frente a quienes ponen en duda la cualidad humana de las personas que permanecen en estado vegetativo permanente, Juan Pablo II siente “el deber de reafirmar enérgicamente que el valor intrínseco y la dignidad personal de todo ser humano no están sujetos a cambios, cualesquiera que sean las circunstancias concretas de su vida. Un hombre, aun gravemente enfermo o impedido en el ejercicio de sus funciones más elevadas, es y seguirá siendo un hombre; jamás se convertirá en ‘vegetal’ o ‘animal’”.

“Para con estas personas, médicos y agentes sanitarios, sociedad e Iglesia tienen deberes morales de los que no pueden eximirse (…) El enfermo en estado vegetativo, a la espera de recuperación o de su fin natural, tiene derecho, por lo tanto, a una asistencia sanitaria básica (nutrición, hidratación, higiene, calefacción, etc…) y a la prevención de las complicaciones relacionadas con su permanencia en la cama. También tienen derecho a una intervención rehabilitativa específica y al control y seguimiento de eventuales señales clínicas de recuperación”.

“En especial, quisiera subrayar cómo la administración de agua y alimento, incluso cuando se realizara mediante vías artificiales, constituye siempre un medio natural de conservación de la vida, y no un acto médico. Su uso deberá considerarse por lo tanto, en principio, ordinario y proporcionado, y como tal moralmente obligatorio (…)”.

“La valoración de las probabilidades, basadas en las escasas esperanzas de recuperación cuando el estado vegetativo se prolonga durante más de un año, no puede justificar éticamente el abandono o la interrupción de las atenciones mínimas al paciente, que incluyen alimentación e hidratación. En efecto, la muerte por hambre y sed es el único resultado posible que de su suspensión se deriva, por lo que dicha interrupción acaba configurándose, en caso de realizarse consciente y deliberadamente, como una auténtica eutanasia por omisión”.

Juan Pablo II advierte del peligro que encierran los juicios sobre la calidad de vida expresados por otros hombres. “Admitir que se pueda decidir acerca de la vida del hombre sobre la base de un reconocimiento desde el exterior de su calidad equivale a reconocer que a cualquier sujeto se le pueden atribuir desde el exterior niveles crecientes o decrecientes de calidad de vida y, por ende, de dignidad humana, introduciendo así un principio discriminatorio y eugenésico en las relaciones sociales”.

Pero no basta con rechazar esos juicios externos sobre la calidad de vida de los demás; además, “es necesario promover acciones positivas para contrarrestar las presiones a favor de la suspensión de la hidratación y de la alimentación como medio de poner fin a la vida de estos pacientes”.

Entre otras medidas, Juan Pablo alienta a apoyar a las familias “que han tenido a un ser querido afectado por tan terrible condición clínica. No se las puede dejar solas con su gravosa carga humana, psicológica y económica”.