(Publicado en Forumlibertas el 25 de febrero de 2.009)
No es cierto que con la actual ley las mujeres y los médicos estén desprotegidos; el Vaticano denuncia que el aborto libre “atenta contra la sociedad y el bien común”
Uno de los argumentos que esgrimen las conclusiones de la Subcomisión creada para estudiar la reforma de la Ley del Aborto en España y, por extensión, los responsables del Gobierno, se basa en la necesidad de dar mayor seguridad a las mujeres que deciden abortar y a los médicos que las ayudan.
Sin embargo, estos argumentos son falsos puesto que la actual ley ya protege a mujeres y médicos y, por el contrario, con la nueva ley del aborto libre los imputados en prácticas abortistas ilegales lo tendrían muy fácil.
La realidad es que la propuesta de reforma de la ley del aborto “atenta contra la misma sociedad” y va “contra el bien común”, como ha denunciado desde el Vaticano el presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral Sanitaria, el cardenal Javier Lozano Barragán.
El cardenal Barragán sostiene que la Iglesia se opondrá siempre a cualquier ley que busque legalizar o despenalizar el aborto porque éste no es otra cosa que “matar a un ser humano”, independientemente del momento del embarazo en que se realice.
“El Estado tiene la obligación de preservar la vida. Esta visión es la que primaba hace 15 ó 20 años, mientras que ahora los gobiernos son víctimas de pensamientos ideológicos y de una visión de la libertad mal entendida”, que lleva a “elegir lo que nos destruye” y acaba convirtiéndose en “mero libertinaje”.
La protección, “para los que hacen abortos ilegales”
Hay que recordar que la propia vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en su entrevista con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, cuando visitó España en los primeros días de febrero de este año, también esgrimió los argumentos de proteger mejor a mujeres y médicos.
De la Vega reconoció ante Bertone que existen posturas diferentes en la sociedad con respecto al aborto, pero añadió que el objetivo del Gobierno es garantizar y proteger los derechos de las mujeres que se encuentran en una situación “muy dura y difícil”. Se quiere “introducir seguridad jurídica” para las mujeres y los médicos, insistió la vicepresidenta.
Sin embargo, a la vista de lo que está sucediendo en nuestro país desde hace años con el tema del aborto y en qué forma a afecta a estos dos colectivos, se demuestra que los argumentos del Gobierno son falsos.
Como declaraba en una reciente entrevista a Europa Press el presidente de E-Cristians, Josep Miró, la actual ley del aborto ya protege a mujeres y médicos. “el que comete un delito, un aborto, es el que no está protegido; lo que la ministra quiere decir es que hay que proteger a los que hacen abortos ilegales”, dijo en referencia a la responsable de Igualdad, Bibiana Aído, que también se había referido a la supuesta desprotección de las mujeres y los médicos.
De hecho, no se conoce ningún caso de mujeres que hayan ido a prisión por esta causa, ni se han dado a conocer los nombres de mujeres implicadas en supuestos abortos ilegales, como en el caso de las más de 100 mujeres relacionadas con los abortos que practicaba el doctor Morín.
La inseguridad está en la clínica
Miró también criticó en esa entrevista que el Gobierno no informe a las mujeres de las “graves e importantes” consecuencias de este tipo de intervenciones.
Y es que, precisamente, incluso se podría asegurar todo lo contrario a lo argumentado por el Gobierno, es decir que la verdadera inseguridad de la mujer ante el aborto se produce precisamente en su paso por una clínica abortista, como se ha demostrado en diversas ocasiones.
Un ejemplo claro de los riesgos físicos que corre una mujer al abortar saltó a las portadas de la prensa por unos hechos ocurridos el pasado 13 de enero: una mujer murió tras ingresar en la clínica El Bosque de Madrid para someterse a un aborto.
Se da la circunstancia de que la clínica El Bosque ya había sido investigada por presuntas irregularidades relacionadas con los abortos en diciembre de 2007.
En el mismo sentido, de los datos del sumario del caso Morín se desprende también que las mujeres que abortaban en sus clínicas no estaban exentas de ciertos riesgos para su salud, como la posibilidad de desangrarse o de, en caso de alergias a ciertos medicamentos, tener que soportar fuertes dolores.
También hay que destacar los consabidos riesgos psíquicos que para la gran mayoría de las mujeres que abortan supone su paso por el quirófano de las clínicas abortistas.
Así lo constataba recientemente un estudio publicado por el British Journal of Psychiatry y recogido por Aceprensa, que confirma que abortar conlleva un riesgo psíquico para la mujer, es decir, el del “síndrome post-aborto”, en el que se incluyen la ansiedad, depresión, pensamientos suicidas, alcoholismo y adicción a las drogas.
¿Inseguridad de los médicos?
En cuanto a la supuesta inseguridad de los médicos ante la actual ley del aborto, habría que preguntarse cuántos de ellos han ido a prisión por practicar abortos y, los que la han pisado, cuánto tiempo han estado en esa situación.
Un ejemplo claro lo tenemos en los doctores Carlos Morín y Tomas Parra, implicados en supuestos abortos ilegales, que de la misma manera que entraron en prisión volvieron a salir.
De hecho, la única ‘gran detención’ mediática por esta causa ha sido la del doctor Morín, y trascendió porque se publicaron dos reportajes a nivel internacional sobre supuestas prácticas ilegales de Morín, y también por las declaraciones de una testigo protegida, una mujer que llevaba 17 años trabajando en una de sus clínicas.
Asimismo, habría que preguntarse, con la actual ley del aborto, cuántos casos de aborto ilegal ha inspeccionado la Policía, o cuántas inspecciones han practicado los responsables de la Sanidad en España en centros donde había la sospecha de posibles prácticas irregulares.
Esta pasividad de las administraciones públicas ante las tramas abortistas quedó reflejada en un reciente informe publicado por el diario La Gaceta, que situaba en el punto de mira a Barcelona, uno de los mayores ‘centros comerciales’ e ideológicos del negocio abortista.
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