lunes, 9 de noviembre de 2009
(Artículo publicado en Zenit)
CIUDAD DEL VATICANO, sábado, 7 de noviembre de 2009 (ZENIT.org).- Publicamos el artículo que han escrito en "L'Osservatore Romano", diario de la Santa Sede, Giuseppe Fiorentino y Francesco M. Valiante, sobre la sentencia del Tribunal europeo de Derechos Humanos con la que condenó a Italia por colocar crucifijos en las escuelas.
De todos los símbolos que a diario perciben los jóvenes, la sentencia dictada el miércoles 4 de noviembre por el Tribunal de Estrasburgo -que prohíbe la exhibición del crucifijo en las aulas escolares italianas porque supone que es contraria al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y al derecho de los niños a la libertad de religión- ha golpeado aquello que más representa una gran tradición, no sólo religiosa, del continente europeo. "El crucifijo no genera ninguna discriminación. Calla. Es la imagen de la revolución cristiana que diseminó por el mundo la idea de la igualdad entre los hombres, hasta entonces ausente". Quien escribió estas palabras, el 22 de marzo de 1988, fue Natalia Ginzburg en las páginas de "L'Unità", el diario fundado por Antonio Gramsci, entonces órgano del Partido comunista italiano.
Las palabras de esa escritora, a más de veinte años de distancia, expresan un sentimiento todavía ampliamente compartido en Italia. Lo demuestran las numerosas reacciones que han seguido al pronunciamiento del tribunal europeo. Mientras el Gobierno italiano ha anunciado que ha presentado recurso contra la sentencia, el mundo político ha manifestado casi unánimemente la falta de sentido común que supone la medida, subrayando cómo la laicidad de las instituciones es un valor muy distinto de la negación del papel del cristianismo. "Estupor y pesar" ha expresado en particular el director de la Sala de prensa de la Santa Sede, el jesuita Federico Lombardi, en una severa declaración emitida por Radio Vaticano y por el Telediario del primer canal de la rai, la televisión pública italiana. "Es grave -afirmó- querer marginar del mundo educativo un signo fundamental de la importancia de los valores religiosos en la historia y en la cultura italiana". Y continuó: "Sorprende, además, que un tribunal europeo intervenga seriamente en una materia vinculada muy profundamente a la identidad histórica, cultural y espiritual del pueblo italiano. No es este el camino adecuado para atraernos a amar y compartir más la idea europea que, como católicos italianos, hemos sostenido fuertemente desde sus orígenes".
La Conferencia episcopal italiana ha hablado de "visión parcial e ideológica", subrayando que en la decisión del tribunal "se ignora o se descuida el múltiple significado del crucifijo, que no es sólo símbolo religioso, sino también cultural".
Conviene recordar que en Italia el Consejo de Estado en 2006 ya había considerado legítimas las normas que prevén la exhibición del crucifijo en las escuelas, afirmando que ello no implica discriminación respecto a los no creyentes porque representa "valores civilmente relevantes y, especialmente, aquellos valores que subyacen e inspiran nuestro orden constitucional".
De hecho, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, con la intención de tutelar los derechos del hombre, acaba por poner en tela de juicio las raíces sobre las cuales se fundan esos mismos derechos, desconociendo la importancia del papel de la religión -y en particular del cristianismo- en la construcción de la identidad europea y en la afirmación de la centralidad del hombre en la sociedad. Bajo otro perfil, la decisión de los jueces de Estrasburgo parece inspirada en una idea de laicidad del Estado que lleva a marginar la contribución de la religión a la vida pública. Así se podría prefigurar un futuro no tan lejano en el que los ambientes públicos estarían despojados de cualquier referencia religiosa y cultural por miedo a ofender la sensibilidad de otros. En realidad, no es con la negación, sino con la acogida y con el respeto de las diversas identidades como se defiende la idea de laicidad del Estado y se favorece la integración de las distintas culturas. "El crucifijo representa a todos" -explicaba Natalia Ginzburg- porque "antes de Cristo nadie había dicho jamás que todos los hombres, ricos y pobres, creyentes y no creyentes, judíos y no judíos, negros y blancos, son iguales y hermanos".
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Tribunal Estrasburgo
IV CONGRESO INTERNACIONAL PROVIDA
Declaración de Zaragoza
Los representantes de organizaciones nacionales e internacionales, defensoras de la vida, la familia y la dignidad humanas, provenientes de diferentes partes del mundo, reunidos en Zaragoza del 6 al 8 de Noviembre del 2009, en el IV Congreso Internacional Provida (CIP), en continuidad con los CIP realizados en Madrid, Lima y México, han aprobado la Declaración de Zaragoza.
Este documento está dirigido a todos los gobernantes, legisladores, magistrados, médicos y matronas; líderes políticos y religiosos; intelectuales, educadores y comunicadores sociales; organizaciones de la sociedad civil; madres y padres de familia; y a todas las personas de buena voluntad, como responsables naturales de la promoción de los Derechos Humanos.
La Declaración de Zaragoza afirma que si bien se dice que lo peor que le podría suceder a una madre sería la muerte de su hijo, no es así puesto que lo peor que le puede suceder a una madre es hacer matar voluntariamente a su propio hijo. Aún cuando algunas lo nieguen de momento, decidir la muerte de su bebé les provoca un sentimiento de culpa y una herida imposibles de borrar.
Asimismo, considera que los más de ochocientos millones de muertes provocadas hasta el momento mediante abortos “legales”, en los países del mundo que lo han autorizado, constituyen un delito de lesa humanidad que, por su número y extensión, propone que se denomine a partir de ahora como mega-genocidio.
Este mega-genocidio, además de estar “legalizado” en muchos Estados, es fomentado -a veces de modo directo y en ocasiones utilizando eufemismos-, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus agencias; los organismos multilaterales de crédito; ciertos organismos internacionales, como la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), IPAS, las Fundaciones Rockefeller, Ford, Bill y Melinda Gates, Soros, etc.; el actual presidente de los Estados Unidos de América y la burocracia de la Unión Europea, entre otros grupos de poder global.
A todos a quienes está dirigida esta declaración se les pide que promuevan soluciones racionales, siempre respetuosas de la vida, para las necesidades humanas, tales como:
Propiciar acceso y atención cualificada al embarazo, parto y recién nacido.
Articular con la sociedad civil instituciones que atiendan a las embarazadas en situación de conflicto, para ayudarlas a superar sus problemas y, de ese modo, llevar una maternidad plena de gozo.
Ejecutar programas para fortalecer la familia.
El embarazo no es una enfermedad; por lo tanto el control de la natalidad, nunca podrá ser una política sanitaria.
Hacer respetar toda vida humana, desde la fecundación hasta su muerte natural, y reconocer la personalidad jurídica de todo ser humano, desde el instante inicial de su existencia; y siempre obrar en consecuencia.
Punir y eliminar toda práctica abortiva, eugenésica, eutanásica, o que manipule la vida humana, cualesquiera sean los medios utilizados para ello.
Los firmantes de la Declaración de Zaragoza se comprometen, entre otras cosas, a:
Promover todas las organizaciones de la sociedad civil, cuya finalidad sea la:
• Visibilización y atención del síndrome post-aborto.
• Centros de ayuda para la mujer.
• Centros de orientación familiar.
• Difusión de un enfoque humanista de la sexualidad.
• Promover la adopción como opción digna para las madres en situación de embarazo inesperado y para los niños por nacer.
Vigilar de manera permanente el grado de observancia del derecho a la vida. Denunciar públicamente a quienes violen este Derecho fundamental, en especial si son funcionarios públicos o políticos en campaña electoral.
Articular actividades con “Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia”, constituida en Santiago de Chile, recogiendo la Declaración de Lima de nuestro II CIP.
Promover la cancelación de la pena de muerte por aborto, en el ámbito de la ONU y los organismos regionales. Promover una Convención Internacional que tutele la vida de todo ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.
Crear y promover partidos políticos que tutelen la vida humana, desde su inicio y hasta la muerte natural.
Patrocinar gratuitamente demandas de las mujeres víctimas del mega-genocidio del aborto, para que obtengan un justo resarcimiento de sus daños, contra el Estado y demás responsables de sus padecimientos.
Los participantes de este Congreso, que se adhieren a esta Declaración, pertenecen a Alemania, Argentina, Austria, Canadá, Chequia, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, India, Gran Bretaña, Irán, Irlanda, Italia, México, Nicaragua, Noruega, Perú, Polonia, Sudáfrica, Suecia y Venezuela.
Zaragoza, 8 de noviembre de 2.009
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