El presidente uruguayo veta la liberalización del aborto

Tabaré Vázquez había anunciado que impondría el veto, aunque la medida aprobada en el Parlamento estaba promovida por su propio partido
Aceprensa
Firmado por Pedro Dutour
Fecha: 17 Noviembre 2008

Montevideo. El presidente uruguayo, el socialista Tabaré Vázquez, vetó el 13 de noviembre la liberalización del aborto que le había remitido el Parlamento para que la firmase. Vázquez cumplió lo que había anunciado en su día. Su veto no afecta al resto de la nueva ley en que se había incluido la reforma del aborto.

El Senado había aprobado el proyecto el 11 de noviembre, poniendo fin a un prolongado trámite parlamentario. La Cámara de Diputados lo había hecho la semana anterior, luego de una maratónica sesión de 15 horas en la que no faltó la polémica.

La tenacidad casi obsesiva de los promotores del aborto logró un paso más. Fue el sexto intento desde el regreso a la democracia en 1985 por lograr el “derecho” del aborto.

Cabe consignar que el aborto en Uruguay no está totalmente penalizado; en casos de violación o cuando la vida de la madre corre peligro no existe el delito. Los procesamientos de mujeres por abortar son muy pocos y los médicos no suelen informar a las autoridades cuando atienden a una mujer que viene de practicarse un aborto.

Las razones del presidente


Tabaré Vázquez ha explicado su decisión en un documento remitido a la Asamblea General (Parlamento) en el que invoca “razones de constitucionalidad y conveniencia” como fundamento del veto que, en ejercicio de facultades constitucionales, ha impuesto a varios artículos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.

Además de citar las normas de la Constitución que resultan incompatibles con la ley propuesta, el presidente recuerda la obligación de respetar tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño. Ambos acuerdos, de los que el país no puede sustraerse sin denuncia expresa, consagran la protección de la vida humana desde el momento de su concepción.

Partiendo de la premisa indiscutida de que “el aborto es un mal social que debe evitarse”, el presidente cuestiona la eficacia de la despenalización y se remite a ejemplos en lo que, por el contrario, se ha revelado contraproducente: “En los Estados Unidos –dice– en los primeros diez años se triplicó, y la cifra se mantiene. La costumbre se instaló. Lo mismo sucedió en España”.

El alegato presidencial se basa también en la evidencia que arrojan las más modernas observaciones científicas de que “desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser”.

Vázquez, médico especializado en oncología y radioterapia, recuerda también que el proyecto de ley reconoce el aborto como acto médico, algo que además de contradecir declaraciones internacionales atenta “contra el sentido común”, pues la deontología de esta profesión impone, antes bien, “actuar a favor de la vida y de la integridad física”.

Cree asimismo el presidente que la norma “afecta la libertad de empresa y de asociación”, obligando a realizar abortos a centros médicos establecidos desde hace mucho tiempo y en contra de sus principios fundacionales. El escrito considera además que la objeción de conciencia se trata “de manera deficiente” en el texto legislativo, y que constituye “una fuente de discriminación injusta” hacia aquellos médicos que se resistan a la práctica del aborto o que quieran desistir de ella.

Finalmente, el razonamiento de Vázquez parece dirigirse en particular a su propio partido cuando recuerda que “se debe proteger más a los más débiles” en el entendido de que “las verdaderas causas del aborto surgen de nuestra realidad socio-económica”. Lo que ha de procurarse, entonces, es “una solución basada en la solidaridad, que permita promocionar a la mujer y a su criatura, otorgándole la libertad de poder optar por otras vías, y de esta forma salvar a los dos”.

Limitaciones a la objeción de conciencia

El proyecto de ley establecía que el aborto podría practicarse durante las 12 primeras semanas de gestación si la mujer alegaba “situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etarias”. El médico estaría obligado a “brindar información y apoyo, antes, durante y después de tomar la decisión”. Tendría que informar sobre los programas de adopción y exigir la autorización por escrito de la mujer. Un tribunal de ética del centro de salud decidiría si se procedería al aborto, que también podría practicarse cuando hubiera “grave riesgo” para la mujer, o cuando se previeran “malformaciones”.

Las menores necesitarían el permiso de padres o tutores para abortar. Si se lo negaran, podrían pedir autorización a un juez, que debería decidir en cinco días.

Fuera de esos casos, el aborto seguiría estando penado con prisión.

Los médicos solo podrían invocar objeción de conciencia si la declarasen en el plazo de 30 días desde que se promulgara la ley. Si no, luego no podrían negarse a realizar abortos.

En cambio, los centros de salud privados no podrían eximirse de practicar abortos, según el proyecto de ley. De todas formas, algunas instituciones médicas –como el Centro Católico– anunciaron que no los harían.

Por un solo voto

La larga sesión en Diputados terminó con el beneplácito de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva por un solo voto: 49 a 48. En el momento de levantar la mano dos legisladores se retiraron. Los sufragios necesarios se alcanzaron luego de varios cuartos intermedios, donde los legisladores del oficialista e izquierdista Frente Amplio trataron de convencer a cuatro compañeros reacios a votar a favor de la ley. Alrededor de las 2.30 de la madrugada del miércoles 5 de noviembre lo lograron con tres de ellos, lo que bastó para que la liberalización del aborto siguiera su curso.

El asunto no era de disciplina partidaria; no obstante, los legisladores del Frente Amplio estaban empeñados en salirse con la suya por más que el presidente, de su propio partido, hubiera dicho con firmeza que vetaría la ley. A poco de ingresar en un año electoral, el debate sobre el aborto se politizó de tal manera que no hizo más que desprestigiar a la clase política y a la institución parlamentaria. La disputa también aireó las diferencias internas del gobernante Frente Amplio.

Antes del sufragio en Diputados, el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, recordó que los católicos que promovieran o votaran a favor de la despenalización del aborto quedarían excomulgados ipso facto. Algunos legisladores que debían votar la mentada ley se sintieron presionados –¡y escandalizados!– por las palabras de Cotugno. Muchos de esos políticos, la mayoría del Frente Amplio, ni siquiera son católicos.

El sábado 8 de noviembre la Conferencia Episcopal de Uruguay, reunida en la ciudad de Florida, emitió un comunicado que siguió en buena medida las palabras del arzobispo de Montevideo. “En relación a los fieles católicos que promuevan y/o voten una ley favorecedora del aborto, les recordamos que quien actúa así rompe el vínculo que lo une a Cristo con la Iglesia. Mientras no cambie su posición, queda impedido de acercarse a la Comunión eucarística (Código de Derecho Canónico, cánones 1341 y 1398)”.

El Senado volvió a tratar el proyecto, que se le había remitido con carácter de urgente, y lo aprobó sin demora, por 17 votos contra 13. El retorno a la cámara alta se debió a que parte del texto de la legislación fue rechazada por los diputados: la que se refería a los derechos sexuales y reproductivos como “derechos humanos universales” y la que establecía que “en materia de sexualidad humana se reconocerá tanto la función biológica vinculada a la procreación, como el carácter placentero”, y que “el derecho de toda persona a procurar su satisfacción sexual según sus propias necesidades y preferencias, siempre que resulten respetados los derechos de terceros”. Los senadores aceptaron suprimir esos puntos.

En noviembre del año pasado, el Senado dio el visto bueno a esta ley, cuando tres semanas antes la votación había sido negativa (cfr. Aceprensa, 20-11-2007). Bajo presión de los senadores del Frente Amplio –con mayoría en la cámara alta, al igual que en Diputados–, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva resultó ser sancionada; contó además con el voto clave a favor del ex presidente y actual senador del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti.

La letra chica

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva es un paquete que incluye otras prerrogativas además del aborto, más allá de que éste haya sido el tema “estrella” de la polémica. Es también el único aspecto vetado por el presidente; las demás disposiciones siguen en pie.

Así, la educación sexual que se pretende instaurar en los cursos de Primaria y Secundaria está dirigida desde la perspectiva de género y no contempla el rol de los padres, a los que niega el derecho a estar informados acerca del comportamiento de sus hijos menores. Se garantiza el acceso a los distintos métodos anticonceptivos, incluidas la ligadura de trompas y la vasectomía con consentimiento.