La Cruz y la democracia

martes, 02 de diciembre de 2008
Ignacio Sánchez Cámara

Artículo publicado en la Gaceta de los Negocios

La sentencia que obliga a retirar un crucifijo de un colegio público de Valladolid carece de buenos fundamentos jurídicos y entraña un agravio a las convicciones cristianas de millones de españoles y a las de quienes, sin ser creyentes, ven, con toda razón, en la Cruz uno de los pilares de nuestra civilización y sus valores. La presencia de un crucifijo en un centro público no atenta contra la aconfesionalidad del Estado, sólo lo haría contra un laicismo militante, que no asume nuestra Constitución.

Tampoco puede afirmarse que vulnere ningún derecho, salvo que se convierta en derecho el puro deseo de retirar el crucifijo. Su exhibición no vulnera la libertad de creencias. Y si entraña cierto beneficio de trato para el cristianismo está justificado por su relevancia social y por la mención contenida en la Carta Magna.

Las reacciones políticas, no por esperadas, han sido menos decepcionantes. El PSOE, en general, aplaude la sentencia en un alarde de contradicción con sus propios actos, pues ni los retiró en el pasado ni lo ha hecho en el presente. Se ve que éstos son otros tiempos. El PP se limita, al parecer, a acatar la sentencia y a proclamar que a ellos “no les molesta el crucifijo”. Al parecer, les da igual. Salva un poco el honor el presidente de la Junta, que afirma que la sentencia carece de fundamento jurídico y estudia recurrirla.

Pero no nos engañemos. No estamos sino ante un nuevo episodio de resentimiento hacia lo más elevado y noble, y de lo que el constitucionalista norteamericano Weyler calificó como “cristofobia”. No se trata de añejo anticlericalismo, sino de furor anticristiano. Hay que padecer un intenso desarreglo del alma para que la presencia pública de un crucifijo pueda ofender.

Para un creyente, se trata del sacrificio de Dios para salvar a los hombres, y para quien no lo es, del mensaje moral más sublime, en el que se sustenta, en gran parte, nuestra civilización. Hablar aquí de “higiene democrática” (y hay que tener cuidado con las metáforas fisiológicas) es pura ignorancia, si no se trata de algo mucho peor. No cabe un compromiso más firme con los derechos humanos que el que se revela majestuosamente en el Génesis: “Dios creó al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó”.

Suprimir el cristianismo es derribar uno de los pilares de la libertad y la democracia. Como afirmó Tocqueville, es un error considerar a la religión católica como un enemigo natural de la democracia. El catolicismo conduce a los hombres hacia la igualdad. Sólo la religión asegura la firmeza y la certeza en el orden moral, aunque el mundo político parezca abandonado a la discusión y a los ensayos de los hombres. La religión puede ser considerada en EEUU, según el gran pensador francés, como la primera de sus instituciones políticas. No sólo regula las costumbres, sino que extiende su imperio sobre las inteligencias.

En cualquier caso, el pluralismo debería obligar a conciliar las dos posiciones y no a imponer una de ellas. Pues si a unos ofende, sin razón, su exhibición, a otros ofende, con razón, su retirada. Y tampoco es lo mismo no colocar un crucifijo que retirar uno. No es bueno que nos enzarcemos en una guerra sobre el crucifijo, aunque la verdad, tampoco puede extrañar. Al fin y al cabo, ya lo dejó dicho el Crucificado: “No he venido a traer la paz, sino la discordia”. No hay nada en la Cruz que atente contra la democracia política.

Ignacio Sánchez Cámara es catedrático de Filosofía del Derecho

El secretismo anida siempre en el corazón del poder

jueves, 13 de noviembre de 2008
Alejandro Navas

Diario de Navarra

El pasado 30 de octubre comenzó sus trabajos la subcomisión parlamentaria que va a tratar la reforma de la ley del aborto. Su presidenta, Carmen Calvo, ha impuesto unas particulares condiciones de trabajo: las sesiones se desarrollarán a puerta cerrada, no se transmitirán por el Canal Parlamentario, no se permitirá la entrada a periodistas y las opiniones de los expertos convocados no se transcribirán en el Diario de Sesiones.

Al enterarme de esos detalles —sólo le faltó añadir que se reunirían de noche y con los rostros cubiertos por pasamontañas— recordé las palabras de Elias Canetti que he tomado como título para este artículo. Tenemos ocasión de comprobar de modo reiterado que no han perdido actualidad. Por desgracia, comportamientos como los de la señora Calvo no constituyen un hecho aislado. En esos mismos días, el Presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, invocaba “motivos de seguridad” para evitar dar información sobre el coste de la reforma de su despacho (más de dos millones de euros) o el desembolso ocasionado por la adquisición y blindaje de varios coches oficiales (unos 480.000 euros). Pero la opacidad no es patrimonio exclusivo de los políticos. En una rueda de prensa celebrada en esas fechas, el consejero delegado del Banco de Santander afirmaba que su banco no es partidario de que se conozca el nombre de las entidades que se beneficien de las multimillonarias ayudas ofrecidas por el Gobierno para aumentar la liquidez del sistema financiero. En su opinión, dar publicidad a ese dato “tendría un efecto reputacional negativo sobre ellas”. Uno no sabe qué admirar más, la desfachatez o el cinismo.

¿Qué circunstancias llevan a los que mandan a evitar la publicidad y actuar en la sombra? Me parece que no hay más que dos posibles explicaciones: o no tienen argumentos para justificar su postura o buscan en el fondo un objetivo inconfesable. En cualquiera de los dos supuestos les conviene trabajar de espaldas al público, incluso en secreto. Sin embargo, la transparencia en la gestión de los asuntos que afectan a todos constituye una exigencia básica para la democracia auténtica, aunque resulte tan difícil de alcanzar en la práctica. Se trata de un logro sumamente improbable, pero al que no podemos renunciar. Incluso en las democracias más maduras y asentadas observamos continuos retrocesos en la libertad de expresión o en la disposición del gobierno para someterse al escrutinio público. No debemos cansarnos de iluminar aun los rincones más apartados del escenario público, pues la experiencia indica una y otra vez que las peores crisis no se arreglan a escondidas, sino a plena luz del día. Cuanta más transparencia, más democracia. La libertad de expresión es una planta frágil, que florece en condiciones bien especiales y que se encuentra permanentemente amenazada. Nunca podemos considerarla definitivamente asentada y es tarea de todos velar por su supervivencia. La clase política falla en ocasiones, pero el remedio no está en saltarse las reglas y dejar que unos pocos decidan en secreto y sin control, sino en extremar las cautelas para asegurar la transparencia en los procesos de decisión.

El destino de los fetos en el seno materno o el de esos miles de millones que van a salir de los bolsillos de todos no son asuntos baladíes, sobre los que se deba decidir en la clandestinidad. ¿No nos merecemos una explicación por parte de los señores del gobierno y de la banca? ¿Por qué esa tendencia a considerar a los ciudadanos como niños que no han llegado todavía al uso de razón?