E-Cristians recusa la norma que permite el libre acceso a la 'píldora del día después'

Noticia publicada hoy en forumlibertas.

La organización católica asegura que la iniciativa vulnera la normativa de seguridad del medicamento y la relación con el acto médico


E-Cristians presentará un recurso contra la Agencia del Medicamento contra la norma que permite que se puedan dispensar píldoras del día después (PDD) sin la necesidad de receta médica en las farmacias. Esta norma entra en vigor este lunes, 28 de septiembre.

El recurso se fundamenta en que la norma vulnera la normativa de seguridad del medicamento y vulnera la relación con el acto médico. Además, la PDD se trata de un medicamento que cuenta con serias contraindicaciones incluso de hacerlo bajo prescripción médica.

A partir de hoy, 28 de septiembre, las mujeres que lo deseen y que les haya fallado o no hayan utilizado un método anticonceptivo, podrán tener libre acceso a la PDD sin la necesidad de ir a un servicio de salud o a un médico.

Según reproduce el diario El País, el cambio en la manera de dispensar el fármaco se debe a que “los estudios hechos con este anticonceptivo de emergencia demuestran que no tiene efectos secundarios que obliguen a un mayor seguimiento médico, y, en cambio, el sistema actual suponía un retraso en su toma”.

Los expertos hablan

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, muestra su disconformidad con la iniciativa del Gobierno socialista en este tema, al estimar que la comercialización de la píldora postcoital sin receta médica va a quitar a los médicos “la oportunidad de seguir controlando a una población con prácticas sexuales de riesgo” a la que se le pueden dar “consejos útiles” para evitar el uso de este fármaco de forma más continuada.

Según este experto en Sanidad, se trata de una decisión que “se ajusta más a razones políticas que sanitarias” y advierte de que hasta el momento “para bien o para mal” quedaba registrado cada vez que una mujer solicitaba este fármaco al tiempo que se le podía informar de las contraindicaciones.

Al mismo tiempo, al dispensarse sin control médico “cualquier mujer podrá adquirirla en las farmacias aunque no la vayan a utilizar” por lo que se pierde también el control de su uso por parte de las menores de edad.

“Es una frivolidad”

Otro experto en Medicina, el secretario del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós i Selma, opina que la medida anunciada por el Gobierno con respecto a la píldora postcoital “ha generado un cierto desconcierto”, ya que “no parece que exista en la actualidad una demanda sanitaria o social que la justifique”.

“La propuesta se ha realizado sin consensuarla con los sectores profesionales y las comunidades autónomas”, denuncia Padrós en un artículo de opinión publicado en La Vanguardia.

“Su uso debería ser excepcional”, añade, mientras advierte de que “su frecuentación podría provocar consecuencias negativas”, por lo que “la píldora debe ser prescrita mediante receta, y corresponde a los médicos esa responsabilidad”.

“Algunos estudios indican que cualquier medida instrumental que se aísle de otras medidas informativas y formativas en el ámbito de la educación sanitaria, sexual y psicoafectiva resulta estadísticamente ineficaz, por cuanto el índice de embarazos no deseados, lejos de disminuir, se incrementa”, añade Padrós.

Este experto lamenta que “en la medida anunciada se incluya de manera precipitada el acceso sin límites de edad del menor al margen de los padres, sin más matices”. “Es una frivolidad”, concluye.

Aído: “Un feto de 13 semanas es un ser vivo pero no es un ser humano”; la ciencia lo desmiente

(Extraido de un artículo publicado en forumlibertas el 20 de mayo de 2.009)

La ministra de Igualdad Bibiana Aído afirmó ayer martes, 19 de mayo, que “no hay evidencia científica” para decir o no decir que un feto de 13 semanas es humano. La ministra realizó esta puntualización después de haber manifestado que “un feto de 13 semanas no es un ser humano sino un ser vivo”.

“No hay evidencia científica para decir que es un ser humano ni para no decirlo y me baso en el manifiesto que han elaborado los científicos”, aclaró la ministra que hizo referencia al texto titulado ‘En contra de la utilización ideológica de los hechos científicos’, un contramanifiesto a la Declaración de Madrid.

Ecografía de un feto de 13 semanas.



El texto afirma que “el momento en que puede considerarse humano un ser no puede establecerse mediante criterios científicos; el conocimiento científico puede clarificar características funcionales determinadas, pero no puede afirmar o negar si esas características confieren al embrión la condición de ser humano, tal y como se aplica a los individuos desarrollados de la especie humana [...] Esto entra en el ámbito de las creencias personales, ideológicas o religiosas”.

El presidente de Uruguay, el médico Tabaré Vázquez, afirmó el pasado 14 de noviembre de 2008 en el discurso oficial que realizó en el congreso de los diputados para vetar la propuesta de ley sobre el aborto que “la legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia”.

Vázquez constató que “la biología ha evolucionado mucho” y añadió que “los descubrimientos revolucionarios, como la fecundación in Vitro y el ADN con la secuenciación del genoma humano, dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser”.

“Tanto es así que en los modernos sistemas jurídicos -incluido el nuestro- el ADN se ha transformado en la ‘prueba reina’ para determinar la identidad de las personas, independientemente de su edad, e incluso, en hipótesis de devastación, o sea, cuando prácticamente ya no queda nada del ser humano, aun luego de mucho tiempo”, afirmó en su discurso el presidente de Uruguay.

El ADN, prueba irrefutable de vida humana

Desde un punto de vista evolucionista una especie se define genéticamente a través de su ADN que representa la radiografía identitaria del ser. Este aspecto es inapelable a la hora de definir qué es una especie y qué pertenece a ella. La pregunta que cabe hacerse en relación a las palabras de Aído es: si cogemos el ADN de un feto de apenas unos días de una especie cualquiera y lo comparamos con el de un ser vivo maduro de la misma especie ¿qué diferencias observaremos?, es evidente que ninguna.

Los seres vivos mantienen su identidad genética toda la vida, desde la fecundación hasta la muerte por lo que resulta falso afirmar que un ser vivo de una especie no es ya esa especie aunque exista en condición de feto.

El Tribunal Constitucional también contradice a Aido

Por otro lado, la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 1985 recuerda que el artículo 15 de la Constitución establece que “todos tienen derecho a la vida” y precisa “que la vida humana es un devenir, un proceso que comienza en la gestación, en el curso de la cual una realidad biológica va tomando corpórea y sensitivamente configuración humana, y que termina en la muerte; es un continuo sometido por efectos del tiempo a cambios cualitativos de naturaleza somática y psíquica que tienen un reflejo en el status jurídico público y privado del sujeto vital”.

Al mismo tiempo, la sentencia del TC recuerda que “la gestación ha generado un tertium existencialmente distinto de la madre, aunque alojado en el seno de ésta”.

La píldora postcoital.

La asociación E-Cristians ha emitido una declaración sobre la decisión del gobierno de dispensar la píldora postcoital en las farmacias sin receta médica y sin límite edad para adquirirla.

La asociación considera que la medida es “de dudosa legalidad” ya que contradice dos sentencias, una del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº5 (24/2003, 4 de febrero) y la otra de la Audiencia Nacional (8 de octubre de 2003). Ambas establecen que no se puede administrar este tipo de píldora a menores de edad y a la vez que debe ser autorizada por un facultativo por medio de una receta.

Asimismo, E-Cristians explica que las farmacias “no pueden ejercer el control de un medicamento calificado de uso extraordinario y con numerosas contraindicaciones” y que, sin embargo, ahora podrá ser comercializado como “gominolas”. Además, incide en que los productos antibióticos de uso generalizado exigen receta porque se duda de su correcta utilización, y que resulta “irracional” afirmar que este problema no se producirá “con una medicina dirigida especialmente a jóvenes y adolescentes en una situación de tensión”.

“La literatura científica en torno al tema y las propias empresas fabricantes han dejado bien establecido que no se conocen efectos perniciosos de su uso de manera reiterada y a largo plazo”, afirman, por lo que consideran que “poner en manos de la población un producto de esta clase sin receta es situar en condiciones de riesgo a muchas chicas”.

La asociación dirigida por Josep Miró i Ardèvol, advierte de que a pesar de que desde el 2004 viene dispensándose de manera gratuita y “masiva”, “los abortos entre las menores de 19 años se han disparado”. “Solo en Cataluña se han dispensado 600.000 unidades que no han conseguido otra cosa que hacer incrementar el número de abortos. Presentar este fracaso como una solución es ignorar la realidad”, concluyen.

La declaración constata que la píldora postcoital “tiene una función abortiva cuando impide que el óvulo fecundado quede fijado al útero”, por lo que “puede ser por tanto un aborto en el inicio de la gestación”.

Las farmacias también objetan

El coordinador general de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia, José Antonio Díez, recuerda que el derecho del farmacéutico a objetar “prevalece” al deseo del usuario de adquirir la píldora postcoital en una farmacia ya que “en el catálogo de la Agencia Española de Medicamentos la píldora no consta como un medicamento de urgencia”.

Asimismo, Díez ha recordado que contra la tesis del Gobierno y de los defensores de la píldora del día después “en la sentencia que emitió el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no se recoge en ningún momento el que el farmacéutico que objete motivos éticos, morales o religiosos para no dispensar la píldora, tenga la obligación de que en su establecimiento otro compañero del ramo la dispense”.

“El farmacéutico que objeta ni tiene la obligación de dispensar la píldora ni tampoco de remitir a este usuario a otro farmacéutico, ya que el deber recae en la Administración no en el farmacéutico”, concluye Díez.

La píldora puede causar problemas cardiovasculares

Por otro lado, el jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, Manuel Macía, ha advertido que “como cualquier anticonceptivo oral” consumido de forma habitual, puede influir en la coagulación, aumentando el riesgo de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar, derrame cerebral, así como infarto de miocardio.

El problema, según el experto, es que como hasta ahora se dispensaba con control médico se podía alertar a aquellas pacientes con más riesgo, tales como las que tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares, tendencia familiar a formar coágulos de sangre, fumadoras, obesas o con hipercolesterolemia. Sin embargo, “ahora se podrá hacer sin supervisión y el riesgo de problemas cardiovasculares será mayor”.

El aborto debilita los derechos de la mujer

Transcribo literalmente el artículo publicado por el autor, por su interés

El aborto debilita los derechos de la mujer
Autor: Jesús Javier Sánchez Barricarte
Publicada en el periódico ABC el 12-5-2009.

PARA solucionar correctamente un problema es imprescindible analizarlo desde todas las perspectivas posibles y, sin duda, en el asunto del aborto hay aspectos que permanecen ocultos para la mayor parte de la población. Que nadie se equivoque: el debate actual sobre el aborto no está en aclarar si el feto es o no un ser humano, sino en si ha de prevalecer el derecho de las mujeres a abortar sobre el de sus hijos a nacer y vivir. Cuando se ven imágenes de niños despedazados por un aborto se tienen muy pocas dudas de que con una, eufemísticamente denominada, «interrupción voluntaria del embarazo» no se interrumpe momentáneamente nada sino que se termina definitivamente con la vida de un miembro de la especie humana.

La incidencia del aborto entre las mujeres inmigrantes es cinco veces mayor que entre las españolas. La estrecha relación entre la incidencia del aborto y el grado de vulnerabilidad económica y social de las mujeres extranjeras no sólo se manifiesta en sus mayores tasas de aborto sino también en los más altos niveles de violencia machista (seis veces superiores al de las españolas). Socialmente resulta mucho más barato financiar un aborto a una mujer en dificultades que apoyarle con ayudas que le permitan tomar una decisión verdaderamente libre sobre su maternidad. No hay libertad cuando no hay opción de elegir. En apariencia las leyes del aborto dan más autonomía reproductiva a las mujeres, pero en el fondo son el mecanismo más barato, insolidario y atentador contra su libertad.

Si lo que se quiere es dar absoluta libertad para que las mujeres puedan decidir plenamente sobre su maternidad, ¿por qué se proponen leyes que limitan el derecho al aborto hasta un determinado período de gestación y no se permite, por ejemplo, que una mujer pueda «interrumpir su maternidad» hasta pasadas unas semanas después del nacimiento? La hipocresía que rezuman las sociedades occidentales es de tal grado que existen países donde es legal poder abortar a un niño hasta el mismo momento antes de nacer utilizando, por ejemplo, la técnica del aborto por nacimiento parcial. Ésta consiste en extraer al niño no nacido por los pies fuera del vientre materno y, mientras la cabeza aún se encuentra en el útero (con lo que, por tanto, aún «no ha nacido» técnicamente), el médico le realiza una incisión en la nuca y, con una aspiradora, extrae la masa cerebral provocándole la muerte. Resulta estremecedor, pero ocurre.

La doble moral aplicada es tan llamativa que en algunos países se considera maltrato infantil que un padre propine una bofetada a su hijo y, sin embargo, se permite dejar morir a los fetos que sobreviven a un intento de aborto. En el Reino Unido, 66 niños sobrevivieron a un intento de aborto durante el año 2005. A los que nacen vivos en estas circunstancias no se les atiende médicamente y se les deja agonizar (a veces durante horas) hasta que mueren. En el año 2007, se abortaron en España 2.164 fetos con 21 ó más semanas de gestación, aunque el Gobierno no informa de cuántos llegaron a nacer vivos.

Una estrategia típica del proabortismo es sacar a la luz situaciones trágicas pero excepcionales con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de una legislación que permita el aborto. La realidad es que estos casos son puntuales. En España, en el año 2007, de las de 112.138 mujeres que abortaron, tan sólo 10 (sí, lee usted bien, sólo 10) alegaron que habían sido violadas. Por otra parte, los sistemas sanitarios de los países occidentales son tan avanzados que los casos en que el embarazo supone un peligro real para la vida de la madre son muy raros. Por ejemplo, si en España sólo se permitiera el aborto a las mujeres violadas o a las que su vida corriera realmente peligro, las tasas se reducirían en más de un 99 por ciento.

¿Sabían ustedes que son muchísimas más las mujeres que fallecen como consecuencia de las complicaciones médicas que generan los 27 millones de abortos «legales» que se practican en el mundo todos los años, que las embarazadas que mueren porque en sus países no se les permite abortar? Según datos de Naciones Unidas, el 99,5 por ciento de la población mundial vive en países donde las mujeres pueden terminar con el embarazo legalmente si corren realmente peligro sus vidas.

Muchas organizaciones internacionales, incluida la ONU, llevan empeñadas muchos años en transmitir la idea de que la provisión de servicios abortivos es una medida eficaz para reducir la mortalidad materna (la que ocurre entre las mujeres como consecuencia del embarazo) en los países en vías de desarrollo. Las estadísticas más recientes muestran que, de las muertes maternas que se producen en África, no llega al 4 por ciento las que se deben a un aborto ilegal. Este porcentaje no llega al 6 por ciento en Asia. La inmensa mayoría de las muertes maternas se debe a razones como las hemorragias postparto, infecciones, malaria y anemia. Sin embargo, se utiliza la mortalidad materna como excusa para promocionar costosas campañas mediáticas internacionales favorables al aborto.

Lo que nunca hacen las organizaciones pro abortistas ni los gobiernos es sacar a la luz la vasta literatura científica que detalla las muy frecuentes dificultades que tienen que encarar las mujeres que abortan y que limitan su calidad de vida posterior: problemas psicológicos y psiquiátricos (estrés postraumático, suicidios), futuros partos prematuros, más casos de embarazos ectópicos y de cáncer de pecho, etc.

La mayor parte de las feministas consideran que las leyes del aborto mejoran la situación de la mujer en la sociedad. Sin embargo, los datos estadísticos nos dicen otra cosa muy distinta. Dadas las facilidades de los modernos sistemas que permiten conocer el sexo de los fetos, no es casualidad que la mayoría de abortos en el mundo sean de niñas y no de niños. En muchas sociedades se prefieren los hijos varones a las féminas. Antes era común el infanticidio femenino en sociedades orientales, ahora no es necesario esperar a que nazca una niña para matarla, se la elimina antes de nacer. Algunas estimaciones de Naciones Unidas calculan que en Asia faltan entre 100 y 200 millones de mujeres. En los últimos 20 años se han abortado en China unos 30 millones de niñas por razón de su sexo y más de 10 millones en India. En muchos países asiáticos, el vientre de muchas madres se ha convertido en las tumbas de sus hijas. El aborto selectivo según el sexo no es algo exclusivo de lejanos países orientales. En varias comunidades de inmigrantes asiáticos residentes en Canadá, Inglaterra y EE.UU. se sabe que miles de niñas ya han sido abortadas por el simple hecho de ser del sexo no deseado por sus padres.

Frente a este «feminicidio», las organizaciones pro abortistas y los partidos políticos «progresistas» guardan un irresponsable y cómplice silencio porque saben que no pueden defender que el derecho al aborto es bueno para las mujeres occidentales y malo para las orientales. Ninguna de esas organizaciones se manifiesta contra el mecanismo más agresivo y violento y que más muertes de mujeres se cobra cada año en el mundo: el aborto procurado. ¿Con qué argumentos éticos podemos los occidentales pedir a las sociedades asiáticas que no aborten a sus hijas si nosotros permitimos que una mujer aborte por cualquier motivo en los primeros meses de gestación?

Las consecuencias sociológicas y demográficas del desequilibrio de sexos son muy graves. Decenas de millones de hombres (los más pobres) no podrán encontrar pareja. Las profesoras V. Hudson y A. Boer, en un estudio doblemente premiado sobre las implicaciones del excedente de varones, señalan que éste genera más violencia contra las mujeres. China tiene la mayor tasa de suicidio femenino del mundo y, además, es el único país donde la tasa de suicidio entre las mujeres es superior a la de los hombres. El estatus de las mujeres se rebaja cuando éstas escasean ya que los hombres tienden a controlarlas más. En India y China ya existe un floreciente tráfico de mujeres que satisface los deseos de hombres solteros dispuestos a pagar para casarse. Muchas jóvenes son compradas y secuestras en lugares rurales y deprimidos para ser vendidas a hombres adinerados. En definitiva, lo que nos dicen los datos es que el aborto no sólo no libera a las mujeres sino que, además, acentúa y perpetúa la dominación machista.

Profesor Titular de Sociología

Universidad Carlos III de Madrid

ECOS DE LA JORNADA SOBRE «La protección y defensa de la vida humana antes del nacimiento»

A continuación recogemos una reseña publicada esta mañana en La Razón:

BARCELONA- Juristes Cristians de Catalunya, pertenecientes a la Asociación Durán i Bas, junto a Metges Cristians de Catalunya, organizaron ayer una jornada denominada «La protección y defensa de la vida humana antes del nacimiento», que contó con una nutrida presencia de público y de expertos, entre ellos el vicepresidente tercero del Congreso de los Diputados, Jorge Fernández.
El presidente de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas (Fiamc), Josep Maria Simón, fue el encargado de abrir la jornada. Con las primeras ponencias, protagonizadas por el rector de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Josep Argemí, y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, Pablo Sánchez-Ostiz, ya quedó claro el principal objetivo de la jornada. Ambos ponentes, como el resto de participantes, cuestionaron la legalidad y constitucionalidad de la nueva Ley del Aborto propuesta esta misma semana por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. La citada normativa tiene previsto, según la ministra Aído, que las menores que tengan 16 años más puedan abortar sin el consentimiento paterno, lo que constituiría toda una novedad y también una decisión que puede provocar todo tipo de polémicas. El máster de bioética de la Universidad de Navarra y presidente de Metges Cristians, Fernando García-Faria, lamentó que «el Colegio de Médicos de Cataluña no se muestre contrario al aborto, y que sean neutrales con la eutanasia». «Los médicos tienen que respetar la vida humana, y la vida humana vencerá», recalcó. Por su parte, el profesor de Derecho Penal de la UIC, Guillermo Benlloch, lamentó que «el Gobierno apueste por este sistema de plazos para el aborto, no me parece bien que la decisión entre la franja de edad de 16 y 18 años no se tenga que contar con el permiso de los padres». La pregunta siguió flotando en el aire. ¿Es constitucional esta ley preparada por el Ministerio de Igualdad?. «Es problemático y una sentencia reciente del Tribunal Constitucional no aclara las dudas», dijo Benlloch, aunque aclaró que, según el TC, «no cabe una ley de plazos», como es la ultimada por la ministra Aído. Ley polémica La ley del Ministerio de Igualdad ya está comenzando a suscitar polémicas entre según que colectivos, y la jornada de ayer no fue la excepción. Todos los ponentes dudaron de la constitucionalidad de la normativa. En la misma línea se mostró el profesor de Antropología de la Universidad de Navarra, Juan Luis Lorda Izarra. Sin embargo, el ginecólogo Eduardo Bataller Sánchez hizo un alto en el camino y dedicó su intervención a repasar todos los pormenores de la fecundación «in vitro» y sus modalidades dentro de la ética médica. Finalmente, el catedrático de Derecho Penal de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y presidente de la Asociación Durán i Bas, Jesús-María Silva Sánchez, mostró sus conclusiones, que no se apartaron de las opiniones anteriormente mostradas.

Más de 170 científicos y profesores de universidades catalanas piden parar la nueva “ley del aborto”

La situación es aún más grave en Cataluña por el anteproyecto de Derechos y Oportunidades de la Infancia

Un total de más de 170 académicos, catedráticos y profesores de universidades catalanas han apoyado en la última semana un manifiesto en el que se pide la derogación de la ley del aborto.

Los firmantes rechazan, por tanto, la propuesta contenida en el documento aprobado el pasado 18 de febrero por la Comisión de Igualdad del Congreso que ha estudiado la reforma de la ley y que prevé la “derogación del delito de aborto” y propone “un modelo en el que corresponde a las mujeres embarazadas la decisión sobre el aborto en un plazo determinado sin supervisión de terceros, combinado con la previsión de varios supuestos o indicaciones, en los que la IVE podría practicarse durante un período mayor al plazo general”.

“Se trataría de establecer un plazo [...] que, en particular, dé cabida a la gran mayoría de las IVEs que se practican en nuestro país”. Así se dice textualmente en Capítulo II Conclusiones Punto 6. Propuestas y 6.1. Líneas del modelo, que aparecen en la página 27 de dicho documento de la Comisión de Igualdad.

Los abortos provocados se han multiplicado

Los firmantes del manifiesto de rechazo al aborto y a la nueva ley señalan que la aplicación de la todavía vigente ley “no sólo no ha reducido el número de abortos provocados, sino que los ha multiplicado enormemente”, de forma que en la actualidad superan de largo los 100.000 al año en España, y en Cataluña han supuesto en el año 2007 un total de 21.871 con un incremento del 8% respecto al año anterior.

Añaden que el ser humano en gestación “se encuentra en una situación de falta de garantías e indefensión, al quedar la interpretación y aplicación de la ley ajena a todo control y vigilancia jurisdiccional, en contra de las prescripciones del Tribunal Constitucional”.

En el manifiesto se señala que se ha ido imponiendo en la legislación española la posibilidad de experimentación con embriones humanos. Y añaden: “hoy queremos asegurar y reafirmar el derecho que todo ser humano tiene a ser respetado en su dignidad, desde la fecundación a la muerte natural en todos los estadios de su vida”.

Los firmantes hacen suyas las conclusiones de la ciencia, que “afirma que desde la fecundación existe un nuevo ser humano, vivo, original, irrepetible, distinto de la madre y, por tanto, con unos derechos que deben ser reconocidos, respetados y garantizados por el ordenamiento jurídico [...]. Ningún poder está legitimado para ignorarlo o violarlo”.

Los firmantes proponen que se promulguen las normas necesarias para que en todos los órdenes se proteja el derecho a nacer, a la vez que se ayude a las madres embarazadas.

En el manifiesto se pide también que se fomenten y mejoren los cuidados paliativos, “para que los enfermos que los necesiten vivan sus últimos momentos con calidad en la atención, con serenidad y con paz”.

Peor aún en Cataluña

Los firmantes del manifiesto señalan que en Cataluña se da una circunstancia agravante respecto al conjunto de España a raíz del Anteproyecto de Ley de Derechos y Oportunidades de la Infancia que prepara el Gobierno de la Generalitat.

De aprobarse dicho texto las chicas a partir de 16 años de edad podrán decidir abortar sin el conocimiento ni el consentimiento de sus padres. Es un nuevo atentado contra la vida humana, una nueva intromisión de las instituciones públicas en los derechos de los padres y de las familias y un mensaje deformador para la juventud.

Por su interés, reproducimos a continuación el texto íntegro del manifiesto firmado, a día de hoy, 27 de febrero, por 157 académicos, al que se han adherido los científicos y profesores universitarios catalanes. Para nuevas adhesiones se puede consultar la web es www.sosquierovivir.com

ACADÉMICOS EN DEFENSA DE LA VIDA HUMANA
DESDE LA CONCEPCIÓN A LA MUERTE NATURAL

A los poderes públicos, a la opinión pública, a las instituciones y asociaciones, a todos los españoles

En noviembre de 1981, ante las intensas presiones que sobre la opinión pública española se estaban ejerciendo para inducirla a consentir la legalización del aborto provocado, 1.400 firmas de académicos, catedráticos y profesores universitarios respaldaron un Manifiesto afirmando el derecho a la vida como derecho primario, inviolable desde el momento de la concepción y con vigencia por encima de cualquier ley emanada de los poderes públicos. Hacían suyas también las conclusiones de la ciencia que afirma que desde la fecundación existe un nuevo ser humano, vivo, original, irrepetible, esencialmente distinto de la madre y, por tanto, con unos derechos que deben ser reconocidos, respetados y garantizados por el ordenamiento jurídico.

Tras la aprobación de la ley permisiva del aborto provocado en 1985 (1), a lo largo de todos estos años ha tenido lugar en España un gravísimo proceso de depreciación de la vida humana, confirmado por una serie de hechos:
1º) La aplicación de la ley, no sólo no ha reducido el número de abortos provocados sino que los ha multiplicado enormemente. Actualmente se realizan en nuestro país más de 100.000 abortos al año: 91.664 en 2005 y 101.592 en 2006 (2).
2º) El ser humano en gestación se encuentra en una situación de falta de garantías e indefensión, al quedar la interpretación y aplicación de la ley ajena a todo control y vigilancia jurisdiccional, en contra de las prescripciones del Tribunal Constitucional (Sentencia nº 53/1985 de 11 de abril) y de otras normas vigentes (3).
3º) Desde el PSOE y otros partidos se vienen realizando insistentes propuestas para establecer una ley de plazos que permitiría practicar abortos sin alegar causa alguna durante los 5 primeros meses de la gestación. En la actualidad se puede abortar en cualquier momento del embarazo si se alega el primer supuesto. (peligro para la salud de la madre).
4º) Paulatina e inexorablemente, se ha ido imponiendo en la legislación española la posibilidad de experimentación con embriones humanos, cuyo patrimonio genético desde la fecundación es único e irrepetible, como objetos susceptibles de ser utilizados, manipulados, clonados o eliminados para fines diversos: experimentación, investigación, selección genética (el llamado “bebé medicamento”), tratamiento de algunos tipos de patologías (células madre embrionarias) (4).
5º) Por parte del ministro de Sanidad, Sr. Bernat Soria, se anuncia la intención de legalizar la eutanasia activa. Bajo la fórmula legal de “despenalización del suicidio asistido”, se pondría fin intencionadamente a la vida de personas en determinadas situaciones: desahuciados, determinados deficientes, etc. Así, se limitaría el derecho a la vida de los más indefensos, más débiles o más vulnerables, que quedarían discriminados.

Todos estos hechos son un claro exponente de la trivialización y cosificación de la persona, y del quebrantamiento de su dignidad. Una sociedad que no respeta la vida es una sociedad enferma que ha perdido la esperanza. Por ello hoy queremos asegurar y reafirmar el derecho que todo ser humano tiene a ser respetado en su dignidad, desde la fecundación a la muerte natural en todos los estadios de su vida. Ningún poder está legitimado para ignorarlo o violarlo.

En consecuencia pedimos a los poderes públicos que, de acuerdo con los principios y derechos de libertad, justicia, igualdad, dignidad y no discriminación proclamados en la Constitución Española, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos (5):
- Se inserte después de la primera afirmación del artículo 15 de la Constitución: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral”, la siguiente adición “desde la fecundación a la muerte natural”.
- Se promulguen las normas necesarias para que en todos los órdenes se proteja el derecho a nacer, derogando aquéllas que lo violan o lo limitan selectivamente.
- Se reconozca la personalidad jurídica del “nasciturus” en todas las fases de su desarrollo, sin olvidar al embrión.
- Se fomenten y mejoren los cuidados paliativos, para que los enfermos que los necesitan vivan sus últimos momentos con calidad en la atención, con serenidad y con paz.
- Se ayude efectivamente a las mujeres embarazadas, personal, social y económicamente, y se ponga a su disposición la ayuda necesaria, promoviendo para ello centros de acogida y atención.

Creemos que corresponde a todo ciudadano responsable la defensa sin ambigüedades de este inalienable derecho a la vida, cuyo respeto es el fundamento de la paz. Por ello hacemos un llamamiento a la sociedad en general y a los poderes públicos, para que se cree un marco favorable a su defensa como valor supremo y para que se respete y garantice con los medios debidos.

(1) L.O. 5/1985 de 5 de julio.
(2) Según estadísticas del Ministerio de Sanidad y Consumo, esta progresión es común a todos los países con legislaciones abortistas. Así, en los últimos 30 años, se han llevado a cabo unos 50.000.000 de abortos por término medio anual en el mundo.
(3) Real Decreto 2409/1986 de 21 de noviembre sobre Centros Sanitarios Acreditados y Dictámenes preceptivos para la práctica legal de la interrupción voluntaria del embarazo. Ley 41/2002 de 14 de noviembre reguladora de la autonomía del paciente (…) que recuerda la necesidad de practicar el “consentimiento informado”.
4) Ley 42/1988 de 28 de diciembre sobre donación y utilización de embriones. Ley 14/2006 de 26 de mayo reguladora de las técnicas de reproducción humana asistida. Ley 14/2007 de 3 de julio de investigación biomédica.
(5) Especialmente los arts. 1, 9.2, 10, 15, 49 de la Constitución Española y 3 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Los argumentos que intentan justificar la reforma de la ley del aborto son falsos

(Publicado en Forumlibertas el 25 de febrero de 2.009)

No es cierto que con la actual ley las mujeres y los médicos estén desprotegidos; el Vaticano denuncia que el aborto libre “atenta contra la sociedad y el bien común”

Uno de los argumentos que esgrimen las conclusiones de la Subcomisión creada para estudiar la reforma de la Ley del Aborto en España y, por extensión, los responsables del Gobierno, se basa en la necesidad de dar mayor seguridad a las mujeres que deciden abortar y a los médicos que las ayudan.

Sin embargo, estos argumentos son falsos puesto que la actual ley ya protege a mujeres y médicos y, por el contrario, con la nueva ley del aborto libre los imputados en prácticas abortistas ilegales lo tendrían muy fácil.

La realidad es que la propuesta de reforma de la ley del aborto “atenta contra la misma sociedad” y va “contra el bien común”, como ha denunciado desde el Vaticano el presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral Sanitaria, el cardenal Javier Lozano Barragán.

El cardenal Barragán sostiene que la Iglesia se opondrá siempre a cualquier ley que busque legalizar o despenalizar el aborto porque éste no es otra cosa que “matar a un ser humano”, independientemente del momento del embarazo en que se realice.

“El Estado tiene la obligación de preservar la vida. Esta visión es la que primaba hace 15 ó 20 años, mientras que ahora los gobiernos son víctimas de pensamientos ideológicos y de una visión de la libertad mal entendida”, que lleva a “elegir lo que nos destruye” y acaba convirtiéndose en “mero libertinaje”.

La protección, “para los que hacen abortos ilegales”
Hay que recordar que la propia vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en su entrevista con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, cuando visitó España en los primeros días de febrero de este año, también esgrimió los argumentos de proteger mejor a mujeres y médicos.

De la Vega reconoció ante Bertone que existen posturas diferentes en la sociedad con respecto al aborto, pero añadió que el objetivo del Gobierno es garantizar y proteger los derechos de las mujeres que se encuentran en una situación “muy dura y difícil”. Se quiere “introducir seguridad jurídica” para las mujeres y los médicos, insistió la vicepresidenta.

Sin embargo, a la vista de lo que está sucediendo en nuestro país desde hace años con el tema del aborto y en qué forma a afecta a estos dos colectivos, se demuestra que los argumentos del Gobierno son falsos.

Como declaraba en una reciente entrevista a Europa Press el presidente de E-Cristians, Josep Miró, la actual ley del aborto ya protege a mujeres y médicos. “el que comete un delito, un aborto, es el que no está protegido; lo que la ministra quiere decir es que hay que proteger a los que hacen abortos ilegales”, dijo en referencia a la responsable de Igualdad, Bibiana Aído, que también se había referido a la supuesta desprotección de las mujeres y los médicos.

De hecho, no se conoce ningún caso de mujeres que hayan ido a prisión por esta causa, ni se han dado a conocer los nombres de mujeres implicadas en supuestos abortos ilegales, como en el caso de las más de 100 mujeres relacionadas con los abortos que practicaba el doctor Morín.

La inseguridad está en la clínica
Miró también criticó en esa entrevista que el Gobierno no informe a las mujeres de las “graves e importantes” consecuencias de este tipo de intervenciones.

Y es que, precisamente, incluso se podría asegurar todo lo contrario a lo argumentado por el Gobierno, es decir que la verdadera inseguridad de la mujer ante el aborto se produce precisamente en su paso por una clínica abortista, como se ha demostrado en diversas ocasiones.

Un ejemplo claro de los riesgos físicos que corre una mujer al abortar saltó a las portadas de la prensa por unos hechos ocurridos el pasado 13 de enero: una mujer murió tras ingresar en la clínica El Bosque de Madrid para someterse a un aborto.

Se da la circunstancia de que la clínica El Bosque ya había sido investigada por presuntas irregularidades relacionadas con los abortos en diciembre de 2007.

En el mismo sentido, de los datos del sumario del caso Morín se desprende también que las mujeres que abortaban en sus clínicas no estaban exentas de ciertos riesgos para su salud, como la posibilidad de desangrarse o de, en caso de alergias a ciertos medicamentos, tener que soportar fuertes dolores.

También hay que destacar los consabidos riesgos psíquicos que para la gran mayoría de las mujeres que abortan supone su paso por el quirófano de las clínicas abortistas.

Así lo constataba recientemente un estudio publicado por el British Journal of Psychiatry y recogido por Aceprensa, que confirma que abortar conlleva un riesgo psíquico para la mujer, es decir, el del “síndrome post-aborto”, en el que se incluyen la ansiedad, depresión, pensamientos suicidas, alcoholismo y adicción a las drogas.

¿Inseguridad de los médicos?
En cuanto a la supuesta inseguridad de los médicos ante la actual ley del aborto, habría que preguntarse cuántos de ellos han ido a prisión por practicar abortos y, los que la han pisado, cuánto tiempo han estado en esa situación.

Un ejemplo claro lo tenemos en los doctores Carlos Morín y Tomas Parra, implicados en supuestos abortos ilegales, que de la misma manera que entraron en prisión volvieron a salir.

De hecho, la única ‘gran detención’ mediática por esta causa ha sido la del doctor Morín, y trascendió porque se publicaron dos reportajes a nivel internacional sobre supuestas prácticas ilegales de Morín, y también por las declaraciones de una testigo protegida, una mujer que llevaba 17 años trabajando en una de sus clínicas.

Asimismo, habría que preguntarse, con la actual ley del aborto, cuántos casos de aborto ilegal ha inspeccionado la Policía, o cuántas inspecciones han practicado los responsables de la Sanidad en España en centros donde había la sospecha de posibles prácticas irregulares.

Esta pasividad de las administraciones públicas ante las tramas abortistas quedó reflejada en un reciente informe publicado por el diario La Gaceta, que situaba en el punto de mira a Barcelona, uno de los mayores ‘centros comerciales’ e ideológicos del negocio abortista.

Instrucción vaticana "Dignitas personae"

Aporto aqui el enlace con el documento publicado hoy por la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunas cuestiones de bioética y transcribo la introducción del mismo.
http://www.zenit.org/article-29498?l=spanish

CIUDAD DEL VATICANO, viernes, 12 diciembre 2008 (ZENIT.org).- Publicamos la instrucción "Dignitas personae sobre algunas cuestiones de bioética" que ha publicado este 12 de diciembre la Congregación vaticana para la Doctrina de la Fe.

INTRODUCCIÓN

1. A cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural, se le debe reconocer la dignidad de persona. Este principio fundamental, que expresa un gran "sí" a la vida humana, debe ocupar un lugar central en la reflexión ética sobre la investigación biomédica, que reviste una importancia siempre mayor en el mundo de hoy. El Magisterio de la Iglesia ya ha intervenido varias veces, para aclarar y solucionar problemas morales relativos a este campo. De particular relevancia en esta materia ha sido la Instrucción Donum vitæ.[1] La celebración de los veinte años de su publicación ofrece una buena oportunidad para poner al día tal documento.

La enseñanza de dicha Instrucción conserva intacto su valor tanto por los principios que allí se recuerdan como por los juicios morales expresados. Sin embargo, las nuevas tecnologías biomédicas, introducidas en este ámbito delicado de la vida del ser humano y de la familia, provocan ulteriores interrogantes, en particular, dentro del sector de la investigación sobre los embriones humanos, del uso para fines terapéuticos de las células troncales (o células madre), y en otros campos de la medicina experimental. Esto ha planteado nuevas preguntas que requieren una respuesta. La rapidez de los progresos científicos y la difusión que se les da en los medios de comunicación social provocan esperanza y perplejidad en sectores cada vez más vastos de la opinión pública. Para reglamentar jurídicamente los problemas que van surgiendo a menudo se apela a los cuerpos legislativos e incluso a la consulta popular.

Estas razones han llevado a la Congregación para la Doctrina de la Fe a publicar una nueva Instrucción de naturaleza doctrinal, que afronta algunos problemas recientes a la luz de los criterios enunciados en la Instrucción Donum vitæ y reexamina otros temas ya tratados que necesitan más aclaraciones.

2. En la realización de esta tarea se han tenido siempre presentes los aspectos científicos correspondientes, aprovechando los estudios llevados a cabo por la Pontificia Academia para la Vida y las aportaciones de un gran número de expertos, para con­frontarlos con los principios de la antropología cristiana. Las Encíclicas Veritatis splendor [2] y Evangelium vitæ [3] de Juan Pablo II, y otras intervenciones del Magisterio, ofre­cen indicaciones claras acerca del método y del contenido para el examen de los problemas considerados.

En el variado panorama filosófico y científico actual es posible constatar de hecho una amplia y calificada presencia de científicos y filósofos que, en el espíritu del juramento de Hipócrates, ven en la ciencia médica un servicio a la fragilidad del hombre, para curar las enfermedades, aliviar el sufrimiento y extender los cuidados necesarios de modo equitativo a toda la humanidad. Pero no faltan representantes de los campos de la filosofía y de la ciencia que consideran el creciente desarrollo de las tecnologías biomédicas desde un punto de vista sustancialmente eugenésico.

3. Al proponer principios y juicios morales para la investigación biomédica sobre la vida humana, la Iglesia Católica se vale de la razón y de la fe, contribuyendo así a elaborar una visión integral del hombre y de su vocación, capaz de acoger todo lo bueno que surge de las obras humanas y de las tradiciones culturales y religiosas, que frecuen­temente muestran una gran reverencia por la vida.

El Magisterio quiere ofrecer una palabra de estímulo y confianza a la perspectiva cultural que ve la ciencia como un precioso servicio al bien integral de la vida y dignidad de cada ser humano. La Iglesia, por tanto, mira con esperanza la investigación científica, deseando que sean muchos los cristianos que contribuyan al progreso de la biomedicina y testimonien su fe en ese ámbito. Además desea que los resultados de esta investigación se pongan también a disposición de quienes trabajan en las áreas más pobres y azotadas por las enfermedades, para afrontar las necesidades más urgentes y dramáticas desde el punto de vista humanitario. En fin, quiere estar presente junto a cada persona que sufre en el cuerpo y en el espíritu, para ofrecerle no solamente consuelo, sino también luz y esperanza. Luz y esperanza que dan sentido también a los momentos de enfermedad y a la experiencia de la muerte, que pertenecen de hecho a la vida humana y caracterizan su historia, abriéndola al misterio de la Resurrección. La mirada de la Iglesia, en efecto, está llena de confianza, porque «la vida vencerá: ésta es para nosotros una esperanza segura. Sí, la vida vencerá, puesto que la verdad, el bien, la alegría y el verdadero progreso están de parte de la vida. Y de parte de la vida está también Dios, que ama la vida y la da con generosidad» [4].

La presente Instrucción se dirige a los fieles cristianos y a todos los que buscan la verdad [5]. Comprende tres partes: la primera recuerda algunos aspectos antropológicos, teológicos y éticos de importancia fundamental; la segunda afronta nuevos problemas relativos a la procreación; la tercera parte examina algunas nuevas propuestas terapéuticas que implican la manipulación del embrión o del patrimonio genético humano.

Aborto y retirada de crucifijos: entrevista a José Luis Requero

Entrevista a José Luis Requero, Magistrado de la Audiencia Nacional

“El aborto libre es contrario a la doctrina del Tribunal Constitucional”

José Luis Requero es magistrado de la Audiencia Nacional. Entre 2001 y 2008 ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces españoles. Juez desde hace más de veinticinco años, aborda en esta entrevista dos temas de particular actualidad en la justicia española: la reforma de la legislación sobre el aborto y la polémica sentencia que obliga a retirar los crucifijos de un colegio público de Valladolid.

Aceprensa
Firmado por Álvaro Bustos
Fecha: 9 Diciembre 2008


— Está planteada la reforma de la ley del aborto. ¿Cómo ha evolucionado la legislación que se quiere reformar?

— Conviene entender el régimen jurídico del aborto en España y los hitos principales de la historia reciente. Porque, en realidad, siempre ha sido delito y lo sigue siendo a día de hoy. Antes de 1985, ante situaciones extremas, algunas de estado de necesidad, se entendía que en muchos casos a la mujer que abortaba no le era exigible una conducta distinta, lo que llevaba a que se atenuase su responsabilidad o, incluso, se la eximiese, pero no a médicos y a clínicas.

— ¿Qué cambios se dan en la reforma de la ley del aborto de 1985?

— En ese año se modifica la ley y se introduce el sistema de indicaciones: sigue siendo un delito pero está despenalizado en tres supuestos o indicaciones (riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre, violación y graves malformaciones en el feto). Quienes propugnaron esa norma no dejaron de decir que estaban en contra del aborto: en su opinión era compatible esa posición contraria al aborto con un sistema de indicaciones. Se trataba, según ellos, de no añadir al drama del aborto el drama del castigo penal: se trataba de no sobrepenalizar a la mujer.

— ¿En qué consistió la sentencia del Tribunal Constitucional de ese mismo año?

— En 1985 la sentencia del TC considera al nasciturus un bien jurídico; es cierto que no lo define como persona, pero sí como un bien jurídico, un bien que debe ser protegido por el Estado. Dice técnicamente que es un tertius, es decir, alguien distinto de la madre cuya vida, por tanto, debe protegerse, y esa protección no necesariamente debe ser penal si es que se puede obtener por otros medios.
El TC dice claramente que el Estado debe procurar una “protección eficaz” del nasciturus e, insisto, entiende como constitucional que esa protección no sea la penal en esos tres casos que considera como extremos o casos-límite. Sin embargo, a pesar de la sentencia del TC, se abrió un portillo que antes de la reforma de 1985 no existía: es vox populi que los supuestos de despenalización tienen trampa, algo que se ha verificado en los últimos veinte años. En la actualidad hay, de hecho, aborto libre y sin plazos, porque sigue vigente una ley restrictiva en teoría pero totalmente permisiva en la práctica.

— ¿Por qué el gobierno plantea ahora reformar la ley?

— Por el escándalo de las clínicas abortistas. Han salido a la luz un gran número de irregularidades, así como los datos del lucrativo negocio del que se benefician a costa del sufrimiento de las mujeres. Las clínicas piden al gobierno seguridad jurídica y el gobierno se la quiere dar en forma de una ley de plazos, que permitiría el aborto libre dentro de unos límites de tiempo concretos: es algo contrario a la doctrina del TC porque ese aborto libre, por mucho que se trate de un plazo previsto, no se acogería a ninguna de las indicaciones despenalizadoras y el TC vio justificado ese sacrificio de la vida del nasciturus sólo en esos casos extremos. Además, añadió, sacrificar esa vida no puede depender de la entera libertad de la madre: de ahí que se exija que hayas unas causas objetivas y no su exclusiva voluntad que es lo que ocurriría con una ley de plazos.

— ¿Qué puede hacerse entonces, desde el punto de vista legal?

— Ante la idea de que condenar a una mujer por abortar es desproporcionado, habría que explotar lo que declaró en 1993 el Tribunal Constitucional de Alemania. Declaró que es constitucional sustituir la amenaza de la condena penal de la mujer por el asesoramiento como medida disuasoria. Esa parece la línea de trabajo más favorable para ella y para el niño: mejorar los sistemas de acogimiento y la atención de las embarazadas en situaciones difíciles. En España hay varios ejemplos, como Red Madre, que funcionan eficazmente en este sentido.

Retirada de crucifijos

— Recientemente un juez de Valladolid ha obligado a retirar los crucifijos de un colegio público. ¿Qué le parece la sentencia?

— Pocos han leído la sentencia y lo que resulta sorprendente es que contradiga la voluntad del Consejo Escolar del colegio. No hay que olvidar que la parte demandante es una asociación ajena al colegio, aunque milite en ella alguno de los padres; en cambio, el Consejo Escolar sí representa a los padres. ¿Por qué se legitima la postura de una asociación contra el deseo libre y explícito de los padres puesto de manifiesto por el Consejo Escolar?

— ¿Qué pone de manifiesto esa sentencia?

— Detrás de la sentencia se encuentra el problema básico del laicismo actual. Recientemente asistí a un congreso de magistrados en la Universidad de Sevilla. Los cuadros de las paredes representan imágenes religiosas, como inmaculadas; el escudo de la Universidad recoge motivos religiosos; por la sala había lemas y citas bíblicas, etc. Esos símbolos, esas obras de arte, son legítimos porque constituyen parte de las señas de identidad de esa Universidad, de su acervo cultural; y la protección de eso lógicamente entra dentro del artículo 16 de la Constitución, que expresa el servicio que debe prestar el Estado a la libertad religiosa estableciendo relación con las confesiones mayoritarias.

— ¿No choca esa presencia pública de lo religioso con la aconfesionalidad del Estado?

— Reconocer los siglos de tradición cristiana no está en contra de la aconfesionalidad del Estado. Tampoco viola la neutralidad del Estado la consideración positiva del fenómeno religioso, la llamada laicidad positiva: apoyar a las religiones ayuda a la convivencia. Laicidad positiva quiere decir valorar lo positivo que las confesiones religiosas aportan a la sociedad.

— Pero hay voces que hablan de privilegios de la Iglesia y de confusión entre creencias personales y ámbitos públicos.

— En efecto, hay quien dice que no basta un modelo constitucional aconfesional sino que debería modificarse la Constitución hacia un modelo abiertamente laicista. Son los mismos que sostienen que, en realidad, la Constitución es “inconstitucional” por prever un trato específico para la Iglesia católica y ese trato, según ellos, no debería existir: por eso quieren reescribir la Constitución. Pero reconocer la realidad no es conceder privilegios. Late ahí el prejuicio de que toda convicción religiosa es, de suyo, peligrosa. Más bien sucede lo contrario: lo peligroso y contraproducente es la generalización de que toda religión hace daño.

La escalada abortiva en España

Firmado por Rafael Serrano
Fecha: 3 Diciembre 2008
Aceprensa

Precisamente cuando una subcomisión del Congreso estudia la posibilidad de dar más facilidades para abortar en España, permitiendo hacerlo dentro del primer trimestre de embarazo sin necesidad de alegar motivos, la realidad ha dado el mentís a la propuesta.

Hace un año nos llevamos el sobresalto de saber que en 2006 habíamos pasado por primera vez de 100.000 abortos (101.592), tras un aumento anual récord, de casi el 11%. Los datos de 2007, recién publicados por el Ministerio de Sanidad, no son menos deprimentes: los abortos aumentaron 112.138, un 10,4% más.

La alarma ha sido general, y se ha centrado sobre todo en el incremento, desde luego muy fuerte, en las menores de 20 años. Pero en el paso del susto al diagnóstico se percibe en algunos una severa dificultad para revisar la postura propia pese a la aparición de indicios contrarios.

La doctrina oficial, o sea la estrategia CCA (condones, más condones y aborto si falla lo anterior), atribuye los lamentables números a falta de prevención. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, los toma además como prueba a favor de la proyectada ley de plazos, de la que ella es señalada promotora. El diario El País (3-12-2008), que sostiene la misma tesis, al referirse a “la necesidad de reformar la ley”, la explica diciendo que la vigente “sólo permite abortar en tres supuestos: violación, malformación del feto y riesgo para la salud física o psíquica de la madre”.

Si alguien se asombra de que haya tal expansión del aborto en un país donde “sólo” se puede abortar en tres supuestos, se le podría decir que casi bastaría con uno de los previstos. En España, el 97% de los abortos se justifican por riesgo a la salud de la mujer. Las estadísticas oficiales nunca han desglosado este dato, que apenas oscila de un año a otro, según la clase de salud, física o psíquica, que estaba en peligro. Pero nadie ignora que muy pocos “certificados” de riesgo, extendidos por las clínicas para “cumplir” los requisitos legales, están respaldados por radiografías. El País es más claro en su edición en inglés, que se distribuye con el International Herald Tribune. Allí también recuerda los tres casos de aborto legal, sin omitir el “only”, pero añade que “esas normas se desprecian ampliamente”. Es una anotación importante, aunque quizá superflua para quien no sea extranjero.

Como se ve, en España el aborto ya es libre de hecho, por el desprecio a las condiciones legales. La ley de plazos propuesta simplemente suprimiría el breve y formulario trámite actual para la mayoría de los casos. Pues entre el 88% y el 91%, según los años, de los abortos se realizan dentro de las primeras doce semanas de embarazo, el mismo plazo que se quiere implantar.

Otro capítulo del guión oficial relaciona el aumento de abortos con las mujeres que tienen menor acceso a los sistemas de salud y a los métodos anticonceptivos, que son en particular las jóvenes y las inmigrantes “según los expertos” –dice El País–.

Las estadísticas del Ministerio no distinguen a las mujeres que abortan según la nacionalidad, de modo que no se sabe la contribución de las inmigrantes al total de abortos. Pero el acceso a los servicios de salud depende en buena parte de la situación laboral y económica. Pues bien, en 2007 la proporción de asalariadas en activo entre las mujeres que abortaron fue la más alta del último decenio: 62,93%, y la de paradas, la más baja: 12,52%. A la vez, el 64,23% del total tenían pareja o padre con empleo.

En cuanto a las adolescentes, su caso es verdaderamente penoso, pero no se les puede atribuir la parte principal de la escalada abortiva de los dos últimos años, los de mayor incremento de abortos (fuera de otro pico del 10,4% en 2002). En 2006, los abortos en menores de 20 años crecieron claramente menos (+7,8%) que en el conjunto de mujeres (+10,8%), y en 2007, prácticamente igual (+10,16% frente a 10,38% del conjunto). Las mayores subidas se dieron en las de 30-34 años, que en 2006 y 2007 sobrepasaron el 13%. También las de 25-29 años registraron un aumento superior a la media en 2006 (+13,2%), pero no en 2007 (+8,9%). Con las de 20-24 años sucedió al revés: +6,6% en 2006, +11,2% en 2007.

Así pues, la mayor aportación al reciente ascenso de los abortos no corresponde a chicas inexpertas, sin educación sexual, que no saben de anticonceptivos, sino a mujeres maduras, en la treintena, seguidas de las que están en la segunda mitad de la veintena.

Pero con independencia de toda comparación, es por sí solo preocupante comprobar que la tasa de abortos en menores de 20 años no ha dejado de crecer (como en los demás grupos de edad) y está ahora en el 13,79 por mil, o sea, se ha duplicado con creces en ocho años. Distintas voces, incluida la de la ministra Aído, deducen de ahí dónde ha estado el fallo y señalan cómo rectificar: se necesita un gran esfuerzo de educación sexual.

Entonces, las insistentes campañas del Ministerio y las consejerías de Sanidad para inculcar en la juventud el uso del preservativo no eran educación sexual. No podemos estar más de acuerdo, y celebramos que por fin se reconozca. Pero la doctrina CCA ha probado tener una poderosa fuerza en las mentes que la sustentan, y los precedentes no permiten abrigar grandes esperanzas de cambio. Al fin y al cabo, que las campañas del preservativo no logran reducir los embarazos de adolescentes estaba ya verificado en España y otros países. Ante la repetida evidencia del fracaso, la respuesta oficial siempre ha sido “más de lo mismo”. Y si uno cree que la falta de resultados no se debe a que no sirva fomentar el condón, sino a que no se fomenta bastante, tiene mal remedio. Seguirá adorando el fetiche de látex y afirmará siempre que los hechos le dan la razón, sean cuales sean.

La abolición del aborto como progreso de los derechos humanos

MADRID, sábado, 22 noviembre 2008 (ZENIT.org).- Publicamos la ponencia presentada ante el Congreso Católicos y Vida Pública por Mercedes Aroz, una de las fundadoras del Partido Socialista de Cataluña.

En las elecciones generales de 2004, Aroz fue la senadora elegida con más votos, el 53% largo de los emitidos en su circunscripción, la provincia de Barcelona.En noviembre de 2007, ha abandonado el escaño de senadora, tras anunciar su conversión al catolicismo.

Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores del Congreso, y en particular a D. Alfredo Dagnino y a D. José Francisco Serrano, la invitación a participar en este importante Congreso Católicos y Vida Pública, un referente fuerte dentro del catolicismo en España, desde el que se trabaja para hacer resurgir la presencia del hecho cristiano en nuestra sociedad.

1. Necesidad de reflexionar sobre la tarea de los cristianos en el mundo de hoy desde la prioridad de dar a conocer a Cristo

La reflexión en la presente edición se centra en la encíclica de Benedicto XVI, Spe Salvi, y en cómo llevar la esperanza y los valores cristianos al conjunto de la sociedad española en un momento, sin duda, crítico en el que se está configurando un nuevo modelo de sociedad.

Todo ello se enmarca a mi juicio en una cuestión central que es la necesidad de reflexionar profundamente sobre la tarea de los cristianos en el mundo de hoy, con la prioridad de dar a conocer a Cristo. Porque conocer a Cristo significa comprender el sentido de la propia vida y la propia identidad, y recibir una auténtica esperanza. La esperanza proviene, como nos dice Benedicto XVI, de conocer a Dios que nos ha mostrado su rostro en Cristo. La fe es esperanza pues por ella sabemos que tenemos un futuro: que nuestra vida no acaba en el vacío, que empieza y acaba en Dios.

2. ¿Cómo llevar la esperanza cristiana a todos?

Y la cuestión que se nos plantea es cómo llevar la esperanza a los que no la tienen y mostrar asimismo que la esperanza en una sociedad mejor no es una verdadera esperanza personal. Centrar las esperanzas sólo en el progreso material lleva a la larga o a la corta a la insatisfacción y, por otro lado, si el progreso técnico no se corresponde con un progreso en la formación ética de la persona no es un progreso sino una amenaza para el hombre y para el universo (SS 22).

Nos dice Benedicto XVI que de nuestro obrar cuando colaboramos para que el mundo sea más luminoso y humano surge esperanza para nosotros y para los demás, pero, con todo, lo más importante es llevar la luz de Cristo y su Evangelio, con hechos y palabras, a toda la sociedad, que hoy necesita el testimonio de los cristianos. Y considero que un compromiso serio en el anuncio del Evangelio precisa de un diagnóstico profundo de los desafíos reales que se plantean en la cultura contemporánea.

3. El anuncio del Evangelio requiere un diagnóstico profundo de los desafíos reales que hay que afrontar en la cultura contemporánea

La sociedad española es hoy una sociedad secularizada de forma similar al resto de la Europa Occidental en la que Dios ya no es el referente global con el que todo se articula, como bien describe el profesor Estrada en su libro El cristianismo en una sociedad laica , en el que también ofrece importantes reflexiones de futuro. Ha surgido un nuevo estilo de vida, de base profana, una nueva cultura en la que el núcleo es la ciencia y la técnica, y el pensamiento post-moderno se caracteriza por el escepticismo, el relativismo y el rechazo a conceptos fuertes como la verdad y el sentido, pues lo que determina la post-modernidad es la pérdida de referencias últimas. Esta pérdida de referencias ha conducido a una crisis de valores morales, a una pérdida de orientación personal y al malestar cultural existente.

Pero también hay aspectos positivos en la situación española pues el catolicismo sigue siendo relativamente mayoritario y subsiste la cultura de trasfondo católico. Hay, por tanto, condiciones favorables para que de nuevo germine el cristianismo. No se trata de que la religión perviva como mero hecho cultural, sino de hacerla resurgir como fe personal - que lleve al creyente a un compromiso real y a una experiencia profunda de la fe cristiana -, y en cuanto a la sociedad se trata de recuperar valores que elevan la dignidad del ser humano.

4. El cristianismo al encuentro del hombre de hoy

No es cuestión en mi opinión de mirar hacia el pasado sino de asimilar ampliamente y con profundidad los cambios, en particular el hecho de vivir en una sociedad secularizada, y en esta situación histórica responder a los retos que se plantean. Y el más urgente e importante hoy es, sin duda, contribuir a través del diálogo con la sociedad a construir unos valores comunes, una ética compartida, que contenga los valores fundamentales del hombre y que permita articular una convivencia integradora.

Creo que está por hacer en el ámbito cristiano el análisis de la sociedad en la que vivimos y el papel del cristianismo en ella, la reflexión sobre la relación entre cristianismo y sociedad pluralista, y el fomentar intensamente el diálogo con la cultura actual. Hay que configurar el modo de anunciar el mensaje cristiano y de proponer valores en una forma en la que pueda haber diálogo y que resulte comprensible para todos los ciudadanos. Para que los valores cristianos puedan ser asumidos por personas que no son cristianas, desde la convergencia entre fe y razón que pretende el cristianismo, es preciso utilizar argumentos convincentes para todos, mostrar la razonabilidad de nuestras posiciones y buscar puntos de encuentro. Y, posiblemente el punto de encuentro sea la vinculación de los valores cristianos con los derechos humanos - la vertiente secular de la dignidad de la persona que defiende el cristianismo -, la única referencia objetiva que puede ser asumida por todos los ciudadanos.

5. El reto de la abolición del aborto como progreso de los derechos humanos

Y en este sentido, éste puede ser el camino para hacer avanzar en la sociedad española una posición mayoritaria favorable a la abolición del aborto, como hoy existe respecto a la abolición de la pena de muerte en el mundo , abolida en España en 1983. Hay que plantear la abolición del aborto como lo que es: un objetivo progresista, de avance de la civilización, pues el reconocimiento jurídico de los derechos humanos y su ampliación es fruto del progreso del ser humano en la comprensión de su realidad y de su dignidad como persona. Y, hoy que conocemos por la ciencia que la realidad del ser humano existe desde su concepción, esto nos interpela desde el punto de vista de los derechos humanos para hacer extensivo el derecho a la vida reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos al primer estadio de la vida del hombre.
Por tanto, el objetivo ha de ser ambicioso. No está sólo en evitar una nueva ley en el sentido que se dice, sino en convencer con argumentos a la mayoría de los ciudadanos y apoyados en la ciencia de que el aborto se opone a los derechos humanos y es impropio de una sociedad civilizada, y que esto ha de tener una plasmación jurídica en el medio plazo. De la misma manera que frente a los argumentos a favor de la pena de muerte en graves delitos prevaleció el respeto al derecho a la vida, hay que lograr que este derecho del hombre sea reconocido desde su concepción y hasta su muerte. Este objetivo ha de ir acompañado de una mayor protección a la maternidad y de la prevención del embarazo adolescente mediante la formación.

6. Resituar el debate sobre la laicidad: diferenciar "laicidad estatal" y "laicidad de la sociedad". La laicidad en la sociedad pluralista

Abordaré ahora el importante debate en el que estamos inmersos sobre el concepto de laicidad. Y sobre ello, es esclarecedor el libro del Cardenal Scola, Una nueva laicidad, que lleva a la necesidad de resituar el debate incorporando la distinción entre "laicidad del Estado" y "laicidad de la sociedad", y la necesidad de definir entre todos que se entiende por laicidad en una sociedad pluralista.

El Estado ha de ser laico, esto significa que no es confesional e implica una neutralidad ideológica, pero al mismo tiempo no puede ser indiferente a la realidad social. La "sociedad laica", sin embargo, no lo es propiamente pues en ella se expresan los valores de los no-creyentes y de los creyentes, y una cuestión fundamental para la cohesión social es cómo se articulan esos diferentes valores. Lo que el poder político no puede hacer es imponer una ideología en la sociedad civil pues tanto la propia laicidad del Estado como la libertad religiosa y el respeto a la libertad de conciencia no lo permiten. En una sociedad democrática son las personas y los grupos los que tienen el papel de hacer aportaciones - a nivel cultural, espiritual, ético - y crear opinión en el marco de la libre expresión. Al poder político le corresponde respetar y garantizar esta actividad que expresa la realidad social y sin la que no puede existir una sociedad libre ni una ciudadanía responsable.

En este punto, hay que llamar la atención precisamente sobre la dificultad de debatir en España cuestiones de tipo ético lo que supone un serio déficit democrático, que es preciso corregir.

Otro aspecto a tener muy presente en la laicidad es que este ámbito abarca hoy un conjunto articulado de temas, y no únicamente la problemática de la relación Iglesia-Estado. Los temas son conocidos: matrimonio-familia, biotecnología, interculturalidad, inter-religiosidad, siendo las cuestiones más graves las que afectan a la visión del hombre.
Por todo ello, es fundamental situar adecuadamente este debate y contribuir desde el cristianismo a construir un futuro ético y una convivencia integradora.

7. Anunciar a Cristo nuestra prioridad

No quiero acabar sin referirme a la situación que genera la crisis económica: paro y aumento de la pobreza. Algo que nos llama a estar muy atentos para hacer efectiva la solidaridad necesaria, apoyando particularmente a Cáritas que está afrontando la situación.

Y finalizo, a modo de resumen, con unas palabras de Benedicto XVI en EEUU , que nos exhortan a seguir siendo fermento de esperanza evangélica en la sociedad, llevando la luz y la verdad del Evangelio a todos los hombres, y contribuyendo a crear un mundo cada vez más justo y más libre. Sin dejarnos vencer por el pesimismo o los problemas. Y, sabiendo que sólo si nos mantenemos unidos a Cristo nuestro testimonio será creíble y dará frutos de paz y reconciliación en medio de una realidad - que como la nuestra -, muchas veces está marcada por divisiones y enfrentamientos.

El presidente uruguayo veta la liberalización del aborto

Tabaré Vázquez había anunciado que impondría el veto, aunque la medida aprobada en el Parlamento estaba promovida por su propio partido
Aceprensa
Firmado por Pedro Dutour
Fecha: 17 Noviembre 2008

Montevideo. El presidente uruguayo, el socialista Tabaré Vázquez, vetó el 13 de noviembre la liberalización del aborto que le había remitido el Parlamento para que la firmase. Vázquez cumplió lo que había anunciado en su día. Su veto no afecta al resto de la nueva ley en que se había incluido la reforma del aborto.

El Senado había aprobado el proyecto el 11 de noviembre, poniendo fin a un prolongado trámite parlamentario. La Cámara de Diputados lo había hecho la semana anterior, luego de una maratónica sesión de 15 horas en la que no faltó la polémica.

La tenacidad casi obsesiva de los promotores del aborto logró un paso más. Fue el sexto intento desde el regreso a la democracia en 1985 por lograr el “derecho” del aborto.

Cabe consignar que el aborto en Uruguay no está totalmente penalizado; en casos de violación o cuando la vida de la madre corre peligro no existe el delito. Los procesamientos de mujeres por abortar son muy pocos y los médicos no suelen informar a las autoridades cuando atienden a una mujer que viene de practicarse un aborto.

Las razones del presidente


Tabaré Vázquez ha explicado su decisión en un documento remitido a la Asamblea General (Parlamento) en el que invoca “razones de constitucionalidad y conveniencia” como fundamento del veto que, en ejercicio de facultades constitucionales, ha impuesto a varios artículos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.

Además de citar las normas de la Constitución que resultan incompatibles con la ley propuesta, el presidente recuerda la obligación de respetar tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño. Ambos acuerdos, de los que el país no puede sustraerse sin denuncia expresa, consagran la protección de la vida humana desde el momento de su concepción.

Partiendo de la premisa indiscutida de que “el aborto es un mal social que debe evitarse”, el presidente cuestiona la eficacia de la despenalización y se remite a ejemplos en lo que, por el contrario, se ha revelado contraproducente: “En los Estados Unidos –dice– en los primeros diez años se triplicó, y la cifra se mantiene. La costumbre se instaló. Lo mismo sucedió en España”.

El alegato presidencial se basa también en la evidencia que arrojan las más modernas observaciones científicas de que “desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser”.

Vázquez, médico especializado en oncología y radioterapia, recuerda también que el proyecto de ley reconoce el aborto como acto médico, algo que además de contradecir declaraciones internacionales atenta “contra el sentido común”, pues la deontología de esta profesión impone, antes bien, “actuar a favor de la vida y de la integridad física”.

Cree asimismo el presidente que la norma “afecta la libertad de empresa y de asociación”, obligando a realizar abortos a centros médicos establecidos desde hace mucho tiempo y en contra de sus principios fundacionales. El escrito considera además que la objeción de conciencia se trata “de manera deficiente” en el texto legislativo, y que constituye “una fuente de discriminación injusta” hacia aquellos médicos que se resistan a la práctica del aborto o que quieran desistir de ella.

Finalmente, el razonamiento de Vázquez parece dirigirse en particular a su propio partido cuando recuerda que “se debe proteger más a los más débiles” en el entendido de que “las verdaderas causas del aborto surgen de nuestra realidad socio-económica”. Lo que ha de procurarse, entonces, es “una solución basada en la solidaridad, que permita promocionar a la mujer y a su criatura, otorgándole la libertad de poder optar por otras vías, y de esta forma salvar a los dos”.

Limitaciones a la objeción de conciencia

El proyecto de ley establecía que el aborto podría practicarse durante las 12 primeras semanas de gestación si la mujer alegaba “situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etarias”. El médico estaría obligado a “brindar información y apoyo, antes, durante y después de tomar la decisión”. Tendría que informar sobre los programas de adopción y exigir la autorización por escrito de la mujer. Un tribunal de ética del centro de salud decidiría si se procedería al aborto, que también podría practicarse cuando hubiera “grave riesgo” para la mujer, o cuando se previeran “malformaciones”.

Las menores necesitarían el permiso de padres o tutores para abortar. Si se lo negaran, podrían pedir autorización a un juez, que debería decidir en cinco días.

Fuera de esos casos, el aborto seguiría estando penado con prisión.

Los médicos solo podrían invocar objeción de conciencia si la declarasen en el plazo de 30 días desde que se promulgara la ley. Si no, luego no podrían negarse a realizar abortos.

En cambio, los centros de salud privados no podrían eximirse de practicar abortos, según el proyecto de ley. De todas formas, algunas instituciones médicas –como el Centro Católico– anunciaron que no los harían.

Por un solo voto

La larga sesión en Diputados terminó con el beneplácito de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva por un solo voto: 49 a 48. En el momento de levantar la mano dos legisladores se retiraron. Los sufragios necesarios se alcanzaron luego de varios cuartos intermedios, donde los legisladores del oficialista e izquierdista Frente Amplio trataron de convencer a cuatro compañeros reacios a votar a favor de la ley. Alrededor de las 2.30 de la madrugada del miércoles 5 de noviembre lo lograron con tres de ellos, lo que bastó para que la liberalización del aborto siguiera su curso.

El asunto no era de disciplina partidaria; no obstante, los legisladores del Frente Amplio estaban empeñados en salirse con la suya por más que el presidente, de su propio partido, hubiera dicho con firmeza que vetaría la ley. A poco de ingresar en un año electoral, el debate sobre el aborto se politizó de tal manera que no hizo más que desprestigiar a la clase política y a la institución parlamentaria. La disputa también aireó las diferencias internas del gobernante Frente Amplio.

Antes del sufragio en Diputados, el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, recordó que los católicos que promovieran o votaran a favor de la despenalización del aborto quedarían excomulgados ipso facto. Algunos legisladores que debían votar la mentada ley se sintieron presionados –¡y escandalizados!– por las palabras de Cotugno. Muchos de esos políticos, la mayoría del Frente Amplio, ni siquiera son católicos.

El sábado 8 de noviembre la Conferencia Episcopal de Uruguay, reunida en la ciudad de Florida, emitió un comunicado que siguió en buena medida las palabras del arzobispo de Montevideo. “En relación a los fieles católicos que promuevan y/o voten una ley favorecedora del aborto, les recordamos que quien actúa así rompe el vínculo que lo une a Cristo con la Iglesia. Mientras no cambie su posición, queda impedido de acercarse a la Comunión eucarística (Código de Derecho Canónico, cánones 1341 y 1398)”.

El Senado volvió a tratar el proyecto, que se le había remitido con carácter de urgente, y lo aprobó sin demora, por 17 votos contra 13. El retorno a la cámara alta se debió a que parte del texto de la legislación fue rechazada por los diputados: la que se refería a los derechos sexuales y reproductivos como “derechos humanos universales” y la que establecía que “en materia de sexualidad humana se reconocerá tanto la función biológica vinculada a la procreación, como el carácter placentero”, y que “el derecho de toda persona a procurar su satisfacción sexual según sus propias necesidades y preferencias, siempre que resulten respetados los derechos de terceros”. Los senadores aceptaron suprimir esos puntos.

En noviembre del año pasado, el Senado dio el visto bueno a esta ley, cuando tres semanas antes la votación había sido negativa (cfr. Aceprensa, 20-11-2007). Bajo presión de los senadores del Frente Amplio –con mayoría en la cámara alta, al igual que en Diputados–, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva resultó ser sancionada; contó además con el voto clave a favor del ex presidente y actual senador del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti.

La letra chica

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva es un paquete que incluye otras prerrogativas además del aborto, más allá de que éste haya sido el tema “estrella” de la polémica. Es también el único aspecto vetado por el presidente; las demás disposiciones siguen en pie.

Así, la educación sexual que se pretende instaurar en los cursos de Primaria y Secundaria está dirigida desde la perspectiva de género y no contempla el rol de los padres, a los que niega el derecho a estar informados acerca del comportamiento de sus hijos menores. Se garantiza el acceso a los distintos métodos anticonceptivos, incluidas la ligadura de trompas y la vasectomía con consentimiento.

El secretismo anida siempre en el corazón del poder

jueves, 13 de noviembre de 2008
Alejandro Navas

Diario de Navarra

El pasado 30 de octubre comenzó sus trabajos la subcomisión parlamentaria que va a tratar la reforma de la ley del aborto. Su presidenta, Carmen Calvo, ha impuesto unas particulares condiciones de trabajo: las sesiones se desarrollarán a puerta cerrada, no se transmitirán por el Canal Parlamentario, no se permitirá la entrada a periodistas y las opiniones de los expertos convocados no se transcribirán en el Diario de Sesiones.

Al enterarme de esos detalles —sólo le faltó añadir que se reunirían de noche y con los rostros cubiertos por pasamontañas— recordé las palabras de Elias Canetti que he tomado como título para este artículo. Tenemos ocasión de comprobar de modo reiterado que no han perdido actualidad. Por desgracia, comportamientos como los de la señora Calvo no constituyen un hecho aislado. En esos mismos días, el Presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, invocaba “motivos de seguridad” para evitar dar información sobre el coste de la reforma de su despacho (más de dos millones de euros) o el desembolso ocasionado por la adquisición y blindaje de varios coches oficiales (unos 480.000 euros). Pero la opacidad no es patrimonio exclusivo de los políticos. En una rueda de prensa celebrada en esas fechas, el consejero delegado del Banco de Santander afirmaba que su banco no es partidario de que se conozca el nombre de las entidades que se beneficien de las multimillonarias ayudas ofrecidas por el Gobierno para aumentar la liquidez del sistema financiero. En su opinión, dar publicidad a ese dato “tendría un efecto reputacional negativo sobre ellas”. Uno no sabe qué admirar más, la desfachatez o el cinismo.

¿Qué circunstancias llevan a los que mandan a evitar la publicidad y actuar en la sombra? Me parece que no hay más que dos posibles explicaciones: o no tienen argumentos para justificar su postura o buscan en el fondo un objetivo inconfesable. En cualquiera de los dos supuestos les conviene trabajar de espaldas al público, incluso en secreto. Sin embargo, la transparencia en la gestión de los asuntos que afectan a todos constituye una exigencia básica para la democracia auténtica, aunque resulte tan difícil de alcanzar en la práctica. Se trata de un logro sumamente improbable, pero al que no podemos renunciar. Incluso en las democracias más maduras y asentadas observamos continuos retrocesos en la libertad de expresión o en la disposición del gobierno para someterse al escrutinio público. No debemos cansarnos de iluminar aun los rincones más apartados del escenario público, pues la experiencia indica una y otra vez que las peores crisis no se arreglan a escondidas, sino a plena luz del día. Cuanta más transparencia, más democracia. La libertad de expresión es una planta frágil, que florece en condiciones bien especiales y que se encuentra permanentemente amenazada. Nunca podemos considerarla definitivamente asentada y es tarea de todos velar por su supervivencia. La clase política falla en ocasiones, pero el remedio no está en saltarse las reglas y dejar que unos pocos decidan en secreto y sin control, sino en extremar las cautelas para asegurar la transparencia en los procesos de decisión.

El destino de los fetos en el seno materno o el de esos miles de millones que van a salir de los bolsillos de todos no son asuntos baladíes, sobre los que se deba decidir en la clandestinidad. ¿No nos merecemos una explicación por parte de los señores del gobierno y de la banca? ¿Por qué esa tendencia a considerar a los ciudadanos como niños que no han llegado todavía al uso de razón?

Abortar a un feto con taras es trato desigual por motivos de discapacidad, denuncia el CERMI

(Artículo publicado en Forumlibertas 12/11/2008)
Una Convención de la ONU ratificada por España no admite el actual supuesto de aborto eugenésico


La Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España, no admite una legislación en materia de interrupción del embarazo como la actualmente vigente en el país, que despenaliza el aborto en el supuesto de discapacidad del feto (graves taras físicas o psíquicas"), por constituir un trato desigual por motivos de discapacidad.

Lo ha denunciado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que quiere aprovechar el debate actual sobre el aborto en España y ha pedido comparecer ante la Subcomisión del Congreso de los Diputados que está estudiando la reforma de la ley sobre el aborto, para explicar los efectos de esa Convención y defender un trato igual de favorable para todos los fetos, tengan o no discapacidad.

Los principios de esa Convención de la ONU son contrarios a la aceptación del aborto eugenésico, que se practica para evitar el nacimiento de una persona con discapacidad y que está provocando, por ejemplo, un descenso considerable de personas con el Síndrome de Down (véase Editorial de ForumLibertas de hoy).

La Convención de la ONU considera discriminatorias esas prácticas, ya que parten de la presunción de que la vida de una persona con discapacidad es inferior en valor a la de una persona sin discapacidad.

Pero, tal y como argumenta el filósofo contemporáneo Alasdair MacIntyre, la vida de las personas con discapacidad tiene la misma dignidad que la del resto de las personas que, destaca el experto, también en algún momento de su vida son dependientes.

En su libro "Animales racionales y dependientes" (Paidós Ibérica), MacIntyre plantea la cuestión de los dependientes desde el punto de vista de la filosofía moral y desenmascara la mentira oculta en la visión que tiene la sociedad de los dependientes.

Para MacIntyre, el ser humano es vulnerable y, a menudo, debe su supervivencia a los demás; la dependencia de otras personas resulta evidente durante la primera infancia y la vejez, y además la vida de las personas se halla en ocasiones caracterizada, entre esas dos etapas, por lesiones o enfermedades que en algunos casos pueden producir la discapacitación total.

El filósofo denuncia que, a lo largo de su historia, la filosofía de la moral en Occidente no ha prestado la suficiente atención a la vulnerabilidad y dependencia del ser humano; se ha contemplado a los principales agentes morales como sujetos racionales y saludables y se ha pensado en los discapacitados como "ellos" en lugar de como "nosotros".

También defiende que la sociedad se estructure a partir de las necesidades de los dependientes y las capacidades o aportaciones de los ‘autónomos’.

El Periódico adoctrina a partir de las intervenciones en la Subcomisión

Por otra parte, la Subcomisión parlamentaria ha empezado esta semana a escuchar a los primeros expertos, el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco; la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto y la representante de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, Justa Montero.

Soleto y Montero han pedido un cambio en la actual legislación sobre el aborto para mejorar la seguridad jurídica de las mujeres que abortan y de los profesionales sanitarios que las atienden, tanto en clínicas privadas como en hospitales públicos.

Por su parte, Blanco ha pedido a la Subcomisión que analice la documentación científica sobre el "síndrome post-aborto" y al gobierno, que luche contra el aborto, y ofrezca medidas de apoyo a la mujer, que a veces sufre el aborto como una forma de "violencia de género".

Las primeras intervenciones de expertos en la Subcomisión han recibido un trato poco objetivo por parte de algunos medios de comunicación. El diario El Periódico, próximo al gobierno, ha acusado a Benigno Blanco de hablar en el Congreso "con su habitual demagogia", porque pidió al gobierno que haga pedagogía pública y luche contra el aborto como se hace contra el tabaco, los accidente de tráfico y la violencia doméstica.

También le ha colocado en su sección "nombres propios" con una flecha descendente, que indica que baja de nivel, junto al comentario: "es inapropiado para el "debate sereno" que reclama el PP que Blanco afirme que la nueva ley comportará más violencia machista hacia la mujer para que aborte.

Algunos analistas se preguntan por qué resulta inapropiado y consideran más inapropiado que algunos medios de comunicación evoquen a lo irracional en cuestiones como el aborto y traten de adoctrinar en lugar de informar.

"Yo fui masón": confesiones de un antiguo masón.

Confesiones de un antiguo masón


Maurice Caillet, venerable de una Logia francesa, revela secretos en “Yo fuy masón”




MADRID, jueves, 6 noviembre 2008 (ZENIT.org).- Maurice Caillet, venerable de una Logia francesa durante 15 años, desvela secretos de la Masonería en un libro recién publicado por "LibrosLibres" con el título "Yo fui masón".

Rituales, normas de funcionamiento interno, juramentos y la influencia en la política de esta organización secreta salen ahora a la luz, en particular las implicaciones del juramento que obliga a defender a otros "hermanos" masones.

El volumen desvela también la decisiva influencia de la Masonería en la elaboración y aprobación de leyes, como la del aborto, en Francia, de la que él, como médico, participó activamente.

Caillet, nacido en Burdeos (Francia) en 1933, especializado en Ginecología y Urología, practicó abortos y esterilizaciones antes y después de que gozasen de amparo legal en su país. Miembro del Partido Socialista Francés, llegó a alcanzar cargos de relevancia en la Administración sanitaria.

--¿Cuándo entra usted oficialmente en la Masonería?

--Maurice Caillet: A principios de 1970 me convocaron para una posible iniciación. Yo lo ignoraba prácticamente todo acerca de lo que me esperaba. Tenía 36 años, era un hombre libre y nunca me había afiliado a sindicato ni partido político alguno. Así pues, una tarde, en una discreta calle de la ciudad de Rennes, llamé a la puerta del templo, cuyo frontón estaba adornado por una esfinge de alas y un triángulo que rodeaba a un ojo. Fui recibido por un hombre que me dijo: "Señor, ha solicitado ser admitido entre nosotros. ¿Su decisión es definitiva?, ¿está usted dispuesto a someterse a la pruebas? Si la respuesta es positiva, sígame". Hice un gesto de aquiescencia con la cabeza. Me puso entonces una venda negra sobre los ojos, me cogió por el brazo y me hizo recorrer una serie de pasillos. Empecé a sentir cierta inquietud, pero antes de poder formularla oí cómo se cerraba la puerta detrás de nosotros...




--En su libro "Yo fui masón" explica que la masonería fue determinante en la introducción del aborto libre en Francia en 1974.
--Maurice Caillet: La elección de Valéry Giscard d'Estaing como Presidente de la República francesa en 1974 llevó a Jacques Chirac a ser elegido Primer Ministro, teniendo éste como consejero personal a Jean-Pierre Prouteau, Gran Maestre del Gran Oriente de Francia, principal rama masónica francesa, de tendencia laicista. En el Ministerio de Sanidad colocó a Simone Veil, jurista, antigua deportada de Auschwitz, que tenía como consejero al doctor Pierre Simon, Gran Maestre de la Gran Logia de Francia, con el cual yo mantenía correspondencia. Los políticos estaban bien rodeados por los que llamábamos nuestros "Hermanos Tres puntos", y el proyecto de ley sobre el aborto se elaboró con rapidez. Adoptada por el Consejo de Ministros en el mes de noviembre, la ley Veil fue votada en diciembre. ¡Los diputados y senadores masones de derechas y de izquierdas votaron como un solo hombre!

--Usted comenta que entre los masones hay obligatoriedad de ayudarse entre sí. ¿Sigue siendo hoy así?

--Maurice Caillet: Los 'favores' son corrientes en Francia. Ciertas logias tratan de ser virtuosas, pero el secreto que reina en estos círculos favorece la corrupción. En la Fraternal de los Altos Funcionarios, por ejemplo, se negocian ciertas promociones, y en la Fraternal de Construcciones y Obras Públicas se reparten los contratos, con consecuencias financieras considerables.


--¿Usted se beneficio de esos favores?

--Maurice Caillet: Sí. El Tribunal de Apelación presidido por un "hermano" se pronunció sobre mi divorcio ordenando costas compartidas, en lugar de ponerlas todas a mi cargo, y redujo la pensión alimenticia a la ayuda que debía prestar a mis hijos. Tiempo después, tras tener un conflicto con mis tres socios de la clínica, otro "hermano masón", Jean, director de la Caja de la Seguridad Social, al enterarse de este conflicto, me propuso asumir la dirección del Centro de Exámenes de Salud de Rennes.


--¿Afectó a su carrera profesional el abandono de la masonería?

--Maurice Caillet: Desde entonces no he encontrado un puesto en ninguna administración pública o semipública, a pesar de mi rico currículum.

--¿En algún momento tuvo amenazas de muerte?

--Maurice Caillet: Tras ser despedido de mi puesto de trabajo de la administración y comenzar a pleitear contra dicha decisión arbitraria, recibí la visita de un "hermano" de la Gran Logia de Francia, catedrático y secretario regional de Fuerza Obrera, quien me dijo con la mayor frialdad que si pleiteaba ante la magistratura laboral ‘ponía en peligro mi vida' y él no podría hacer nada para protegerme. Nunca imaginé que podría estar amenazado de muerte por conocidos y honorables masones de nuestra ciudad.


--Usted era miembro del Partido Socialista y conocía a muchos de sus "hermanos" que se dedicaban a la política. ¿Podría decirme cuántos masones hubo en el Gobierno de Mitterrand?

--Maurice Caillet: Doce.


--Y, ¿en el actual de Sarkozy?

--Maurice Caillet: Dos.


--Para un ignorante como yo, ¿podría decirme cuáles son los principios de la masonería?
--Maurice Caillet: La masonería, en todas sus obediencias, propone una filosofía humanista, preocupada ante todo por el hombre y consagrada a la búsqueda de la verdad, aun afirmando que ésta es inaccesible. Rechaza todo dogma y sostiene el relativismo, que coloca a todas las religiones en un mismo plano, mientras que desde 1723, en las Constituciones de Anderson, ella se erige a sí misma en un plano superior, como "centro de unión". De ahí se deduce un relativismo moral: ninguna norma moral tiene en sí misma un origen divino y, en consecuencia, definitivo, intangible. Su moral evoluciona en función del consenso de las sociedades.

--Y, ¿cómo encaja Dios en la masonería?

--Maurice Caillet: Para un masón, el concepto mismo de Dios es especial, y eso si es que se le menciona, como en las obediencias llamadas espiritualistas. En el mejor de los casos es el Gran Arquitecto del Universo, un Dios abstracto, pero solamente una especie de "Creador-maestro relojero", como le designa el pastor Désaguliers, uno de los fundadores de la masonería especulativa. A este Gran Arquitecto se le reza, si se me permite la expresión, para que no intervenga en los asuntos de los hombres, y ni siquiera se le cita en las Constituciones de Anderson.


--¿Y el concepto de la salvación?

--Maurice Caillet: Como tal no existe en la masonería salvo en el plano terrenal: es el elitismo de las sucesivas iniciaciones, aunque éstas puedan considerarse pertenecientes al ámbito del animismo, según René Guènon, gran iniciado, y Mircea Eliade, gran especialista en religiones. Es, también, la búsqueda de un bien que no se especifica en ninguna parte... puesto que la moral evoluciona en la sinceridad, la cual, como todos sabemos, no es sinónimo de verdad.


--¿Cuál es la relación de la masonería con las religiones?

--Maurice Caillet: Es muy ambigua. En principio, los masones proclaman con firmeza una tolerancia especial hacia todas las creencias e ideologías, con un gusto muy marcado por el sincretismo, es decir, una coordinación poco coherente de las diferentes doctrinas espirituales: es la eterna gnosis, subversión de la fe verdadera. Por otra parte, la vida de las logias, que ha sido mía durante 15 años, revela una animosidad particular contra la autoridad papal y contra los dogmas de la Iglesia católica.


--¿Cómo comenzó su descubrimiento de Cristo?

--Maurice Caillet: Yo era racionalista, masón y ateo. Tampoco estaba bautizado, pero mi mujer Claude estaba enferma y decidimos ir a Lourdes. Mientras ella estaba en las piscinas, el frío me obligaba a refugiarme en la Cripta, donde asistí, con interés, a la primera misa de mi vida. Cuando el cura, al leer el Evangelio, dijo: ‘Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá', se produjo un choque tremendo en mí porque esta frase la oí el día de mi iniciación en el grado de Aprendiz y la solía repetir cuando, ya Venerable, iniciaba a los profanos. En el silencio posterior -pues no había homilía- oí claramente una voz que me decía: ‘Bien. Pides la curación de Claude. Pero ¿qué ofreces?'. Instantáneamente, y seguro de haber sido interpelado por Dios mismo, sólo me tenía a mí mismo para ofrecer. Al final de la misa, acudí a la sacristía y pedí Inmediatamente el bautismo al cura. Éste, estupefacto cuando le confesé mi pertenencia masónica y mis prácticas ocultistas, me dijo que fuera a ver al arzobispo de Rennes. Ese fue el inició de mi itinerario espiritual.

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