LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA Y POLITICA EN CATALUÑA: EL ABANDONO DE LA LIBERTAD, EL DERECHO Y LA DIGNIDAD.

Jorge Carreras
Vicepresidente de Juristas Cristianos de Cataluña.

Si damos un breve paseo por la página web del Parlamento de Cataluña, y nos detenemos a observar las Leyes aprobadas recientemente, los Proyectos y Proposiones de Ley y las Mociones presentadas por los grupos parlamentarios, hay que concluir que las iniciativas del laicismo militante son casi las únicas presentes en la actividad parlamentaria. Al menos lo son en cuanto trasciende al exterior a través de este medio. Es posible, aunque lo desconozco, que haya intervenciones, enmiendas, o interpelaciones en la actividad parlamentaria, en las que se manifieste una concepción del hombre distinta de la que sustentan los partidos gobernantes. Pero si hubiera una auténtica actividad constructiva en defensa de la libertad, de los derechos y de la dignidad de la persona, habría dado lugar, cuando menos, a iniciativas que ahora brillan por su ausencia. Recientemente CIU ha presentado una Proposición de Ley sobre "prestaciones y ayudas a familias con hijos o hijas a su cargo". Desconozco aun cual es su contenido. Pero esa es la única iniciativa que he conseguido encontrar en meses, que quizá resulte favorable a las familias.

Ante este panorama es difícil que nos sintamos representados en las instituciones políticas catalanas quienes creemos que el ser humano es algo más que pura materia perecedera, quienes creemos en la libertad del indivíduo, en la de cada indivíduo en particular, quienes creemos que cada persona, por el hecho de serlo, posee unos derechos fundamentales que son anteriores al estado y a cualquier organismo creado por el propio hombre, y que éstos deben respetar y favorecer su ejercicio.

¿Quiénes alzan la voz en Cataluña para defender la libertad de los padres de escoger la educación que deseen para sus hijos? ¿Quién alza la voz para defender la libertad religiosa de los ciudadanos de Cataluña? ¿Quién alza la voz en nuestra Comunidad para defender la dignidad de la mujer, de los menores y de las familias? ¿Quién alza la voz en Cataluña para defender el matrimonio entre un hombre y una mujer como ideal más humano y más beneficioso para los indivíduos y para la sociedad?

Cierto que de vez en cuando surge alguna defensa puntual y aislada de algún político que habla con claridad e incluso con contundencia. Pero los partidos como instituciones, y la mayoría de los representantes de los ciudadanos de todo signo, o son declaradamente laicistas, o como mucho manifiestan tímidamente algo parecido a ciertas convicciones vergonzantes.

Se nos pide el voto a los católicos, es más, se cuenta con el voto cristiano, católico, para luego mantener una actitud de pasividad, de silencio, de blandura, o incluso de complicidad. Frente a esta situación, las asociaciones y los ciudadanos que se ven amenzados por la ofensiva laicista, frecuentemente tenemos nuestra mirada fija sólo en quienes desarrollan aquellas iniciativas que atentan directamente contra la libertad. Quizá deberíamos exigir a nuestros representantes políticos que actúen con más eficacia, con más claridad cuando están en juego el derecho y la libertad de los ciudadanos. En definitiva los partidarios del laicismo luchan por aquello en lo creen; luchan por conseguir lo que piensan que es mejor para la sociedad en la que viven. También lo hacían los nazis que dieron lugar al genocidio del pueblo judio, también los comunistas soviéticos que crearon los gulags y los campos de exterminio del sudeste asiático.

Pero ¿qué piensan, qué hacen, qué convicciones tienen los políticos que no se declaran laicistas?. A éstos deberíamos animar a mantener en alto la bandera de la libertad. A ellos debemos preguntar, por ejemplo, por qué votaron unánimente en el Parlamento catalán a favor de la ley “del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista”. Por qué no defienden con contundencia el derecho de los padres a escoger la educación que desean para sus hijos frente a los Decretos que introducen la educación para la ciudadanía o frente al Anteproyecto de Ley de Educación Catalana.

Hemos de pedirles en primer lugar que tengan convicciones sólidas, y luego que sean fieles a esas convicciones; que tengan el valor y la inteligencia necesarios para defender la libertad, los derechos y la dignidad de las personas, de los ciudadandos de Cataluña, especialmente en unos momentos tan críticos como los que atraviesa nuestra sociedad. Hemos de pedirles que actúen en positivo, proponiendo soluciones constructivas, que sirvan y sean útiles a todos los ciudadanos, sean cuales sean sus modos de vivir y de pensar.

Sería muy deseable que la sociedad civil que les ha confiado con su voto la tarea de representarles en las instituciones, les apoye también para que cumplan con el mandato que han recibido, que no permanezcan en el silencio, o en la ambigüedad y que no presten apoyos vergonzantes a las iniciativas laicistas que fomentan la degradación del ser humano. Ese ha de ser quizá un objetivo prioritario y principal de la actuación de las entidades particulares, más urgente que reprochar a quienes actúan según sus convicciones erróneas.

¿QUE SUCEDE EN LA POLITICA CATALANA?

Las iniciativas legislativas, políticas y administrativas de carácter laicista se están multiplicando en Cataluña durante los últimos meses, particularmente desde la victoria electoral en España del socialismo. Pero de entre todas quiero referirme a una que realmente llama la atención sobre las demás; y no por ser la más grave de las que están en curso o han sido ya aprobadas o iniciadas. Llama la atención porque su gestación y su contenido revelan quizá lo lamentable de la situación por la que atraviesa nuestra sociedad catalana.

Con fecha 24 de abril de este año ha sido aprobada por el Parlamento la Ley 5/2008, denominada "del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista". Basta con atender al título para hacerse una idea de la calidad jurídica y política que podemos esperar del texto. Y ciertamente, en cuanto se echa una breve ojeada al articulado, la impresión que se alcanza no defrauda esa primera percepción. Se trata de una Ley de tan baja calidad, se mire desde el punto de vista que se mire, que en verdad no merece el nombre de tal.

Pero lo más llamativo de este engendro pseudo jurídico no es el que alguien lo haya pergeñado. La ignorancia, la falta de criterio, la ausencia de sentido jurídico y político, no son fenómenos de los que quepa extrañarse especialmente, aunque se den en algunos responsables políticos. Lo que resulta incomprensible sin embargo es que esta ley haya sido aprobada con el voto unánime de todos los diputados integrantes del Parlamento Catalán. Todos los partidos, sin excepción, han votado a favor de semejante ley.

¿Cómo es posible que se haya producido un hecho semejante? ¿Es que acaso en el Parlamento no hay ningún diputado o diputada que tenga un mínimo de sentido jurídico, más aun, un mínimo de sentido común? No lo creo. Es seguro que la mayoría de los representantes populares estarían de acuerdo, en privado, en que esa Ley es una auténtico fiasco. Y me refiero a la mayoría de los diputados sin especificar su procedencia; tanto en la derecha, como en el centro, como en la izquierda; tanto nacionalistas como no nacionalistas; tanto la mayoría de los que integran el tripartito gobernante, como los que se encuentran en la oposición. Al menos tengo la esperanza de que sean la mayoría, pero si no es así, no hay al menos unos cuantos, de derechas, de izquierdas o de centro, que sean capaces de levantar la voz y hacer valer la razón frente a semejante barbarie intelectual y jurídica.

Porque aquí no se trata de abordar el contenido ideológico de la Ley. ¿Quien no estará de acuerdo en que el gobierno y las autoridades en general, han de poner todos los medios que resulten eficaces para evitar que se produzca el aumento de las agresiones que están sufriendo muchas mujeres? Aunque el problema así planteado me parece una simplificación que no ayuda nada a resolverlo. Pero es que la cuestión aquí es que esa Ley no va a contribuir a mejorar justamente lo que pretende, si no más bien contribuirá a aumentar la confusión y acabará agravando la situación; eso sí, lo más probable, si llega a aplicarse aunque sólo sea en una parte, es que produzca un aumento del gasto público injustificado y perfectamente inútil, un fenómeno al que por otra parte ya nos tienen acostumbrados.