Aborto y retirada de crucifijos: entrevista a José Luis Requero

Entrevista a José Luis Requero, Magistrado de la Audiencia Nacional

“El aborto libre es contrario a la doctrina del Tribunal Constitucional”

José Luis Requero es magistrado de la Audiencia Nacional. Entre 2001 y 2008 ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces españoles. Juez desde hace más de veinticinco años, aborda en esta entrevista dos temas de particular actualidad en la justicia española: la reforma de la legislación sobre el aborto y la polémica sentencia que obliga a retirar los crucifijos de un colegio público de Valladolid.

Aceprensa
Firmado por Álvaro Bustos
Fecha: 9 Diciembre 2008


— Está planteada la reforma de la ley del aborto. ¿Cómo ha evolucionado la legislación que se quiere reformar?

— Conviene entender el régimen jurídico del aborto en España y los hitos principales de la historia reciente. Porque, en realidad, siempre ha sido delito y lo sigue siendo a día de hoy. Antes de 1985, ante situaciones extremas, algunas de estado de necesidad, se entendía que en muchos casos a la mujer que abortaba no le era exigible una conducta distinta, lo que llevaba a que se atenuase su responsabilidad o, incluso, se la eximiese, pero no a médicos y a clínicas.

— ¿Qué cambios se dan en la reforma de la ley del aborto de 1985?

— En ese año se modifica la ley y se introduce el sistema de indicaciones: sigue siendo un delito pero está despenalizado en tres supuestos o indicaciones (riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre, violación y graves malformaciones en el feto). Quienes propugnaron esa norma no dejaron de decir que estaban en contra del aborto: en su opinión era compatible esa posición contraria al aborto con un sistema de indicaciones. Se trataba, según ellos, de no añadir al drama del aborto el drama del castigo penal: se trataba de no sobrepenalizar a la mujer.

— ¿En qué consistió la sentencia del Tribunal Constitucional de ese mismo año?

— En 1985 la sentencia del TC considera al nasciturus un bien jurídico; es cierto que no lo define como persona, pero sí como un bien jurídico, un bien que debe ser protegido por el Estado. Dice técnicamente que es un tertius, es decir, alguien distinto de la madre cuya vida, por tanto, debe protegerse, y esa protección no necesariamente debe ser penal si es que se puede obtener por otros medios.
El TC dice claramente que el Estado debe procurar una “protección eficaz” del nasciturus e, insisto, entiende como constitucional que esa protección no sea la penal en esos tres casos que considera como extremos o casos-límite. Sin embargo, a pesar de la sentencia del TC, se abrió un portillo que antes de la reforma de 1985 no existía: es vox populi que los supuestos de despenalización tienen trampa, algo que se ha verificado en los últimos veinte años. En la actualidad hay, de hecho, aborto libre y sin plazos, porque sigue vigente una ley restrictiva en teoría pero totalmente permisiva en la práctica.

— ¿Por qué el gobierno plantea ahora reformar la ley?

— Por el escándalo de las clínicas abortistas. Han salido a la luz un gran número de irregularidades, así como los datos del lucrativo negocio del que se benefician a costa del sufrimiento de las mujeres. Las clínicas piden al gobierno seguridad jurídica y el gobierno se la quiere dar en forma de una ley de plazos, que permitiría el aborto libre dentro de unos límites de tiempo concretos: es algo contrario a la doctrina del TC porque ese aborto libre, por mucho que se trate de un plazo previsto, no se acogería a ninguna de las indicaciones despenalizadoras y el TC vio justificado ese sacrificio de la vida del nasciturus sólo en esos casos extremos. Además, añadió, sacrificar esa vida no puede depender de la entera libertad de la madre: de ahí que se exija que hayas unas causas objetivas y no su exclusiva voluntad que es lo que ocurriría con una ley de plazos.

— ¿Qué puede hacerse entonces, desde el punto de vista legal?

— Ante la idea de que condenar a una mujer por abortar es desproporcionado, habría que explotar lo que declaró en 1993 el Tribunal Constitucional de Alemania. Declaró que es constitucional sustituir la amenaza de la condena penal de la mujer por el asesoramiento como medida disuasoria. Esa parece la línea de trabajo más favorable para ella y para el niño: mejorar los sistemas de acogimiento y la atención de las embarazadas en situaciones difíciles. En España hay varios ejemplos, como Red Madre, que funcionan eficazmente en este sentido.

Retirada de crucifijos

— Recientemente un juez de Valladolid ha obligado a retirar los crucifijos de un colegio público. ¿Qué le parece la sentencia?

— Pocos han leído la sentencia y lo que resulta sorprendente es que contradiga la voluntad del Consejo Escolar del colegio. No hay que olvidar que la parte demandante es una asociación ajena al colegio, aunque milite en ella alguno de los padres; en cambio, el Consejo Escolar sí representa a los padres. ¿Por qué se legitima la postura de una asociación contra el deseo libre y explícito de los padres puesto de manifiesto por el Consejo Escolar?

— ¿Qué pone de manifiesto esa sentencia?

— Detrás de la sentencia se encuentra el problema básico del laicismo actual. Recientemente asistí a un congreso de magistrados en la Universidad de Sevilla. Los cuadros de las paredes representan imágenes religiosas, como inmaculadas; el escudo de la Universidad recoge motivos religiosos; por la sala había lemas y citas bíblicas, etc. Esos símbolos, esas obras de arte, son legítimos porque constituyen parte de las señas de identidad de esa Universidad, de su acervo cultural; y la protección de eso lógicamente entra dentro del artículo 16 de la Constitución, que expresa el servicio que debe prestar el Estado a la libertad religiosa estableciendo relación con las confesiones mayoritarias.

— ¿No choca esa presencia pública de lo religioso con la aconfesionalidad del Estado?

— Reconocer los siglos de tradición cristiana no está en contra de la aconfesionalidad del Estado. Tampoco viola la neutralidad del Estado la consideración positiva del fenómeno religioso, la llamada laicidad positiva: apoyar a las religiones ayuda a la convivencia. Laicidad positiva quiere decir valorar lo positivo que las confesiones religiosas aportan a la sociedad.

— Pero hay voces que hablan de privilegios de la Iglesia y de confusión entre creencias personales y ámbitos públicos.

— En efecto, hay quien dice que no basta un modelo constitucional aconfesional sino que debería modificarse la Constitución hacia un modelo abiertamente laicista. Son los mismos que sostienen que, en realidad, la Constitución es “inconstitucional” por prever un trato específico para la Iglesia católica y ese trato, según ellos, no debería existir: por eso quieren reescribir la Constitución. Pero reconocer la realidad no es conceder privilegios. Late ahí el prejuicio de que toda convicción religiosa es, de suyo, peligrosa. Más bien sucede lo contrario: lo peligroso y contraproducente es la generalización de que toda religión hace daño.

Cardenal Cañizares: La crisis económica esconde una crisis antropológica

BARCELONA, martes, 11 noviembre 2008 (ZENIT.org).- ¿Crisis económica? Detrás de ella se esconde una "profunda crisis humana", sostiene el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo y primado de España.

El pasado sábado el purpurado visitó Fundación Balmesiana (www.balmesiana.org) de Barcelona para hablar de la situación de la Iglesia en España y el papel de los laicos. La conferencia estuvo organizada por la asociación E-cristians y fue un momento de reflexión sobre las causas de la crisis que acecha las economías mundiales, así como sobre la noción de persona.

El cardenal empezó describiendo la profunda crisis humana que se esconde tras la actual crisis económica.

Esta carencia antropológica, consideró, ha sido causada "por la construcción de nuestras vidas al margen de Dios, por el relativismo moral, por el laicismo radical y por una ideología de género insidiosa que conlleva la destrucción de la verdad del hombre".

La ausencia de Dios, según el primado, es la clave de lo que sucede: "Todo el esfuerzo del hombre sin Dios conduce a un callejón sin salida", afirmó.

Cañizares recordó entonces que el centro y futuro de la Iglesia está en la eucaristía y en la adoración de Jesucristo, y que la Iglesia no existe para sí misma sino porque es de Dios y para Dios.

El purpurado añadió: "Dios está presente en el sufrimiento y da soluciones porque vive de este sufrimiento, lo padece y nos puede liberar". Por eso invitó a los presentes a la oración y a la adoración.

Finalmente, el cardenal pidió nuevas generaciones de cristianos para que el mundo se despierte con la Luz de Cristo y propuso un nuevo reto para la Iglesia: "impulsar una pastoral misionera para hacer una Iglesia evangelizada y evangelizadora".

Por Carmen de la Llave Mira

Fundamentalismo democrático

martes, 04 de noviembre de 2008
Ignacio Sánchez Cámara
Gaceta de los Negocios

Si cabe una democracia totalitaria, también es posible un fundamentalismo democrático. Una de las anomalías de nuestro tiempo es la pretensión de que el creyente, especialmente si es cristiano, y, más aún, si es católico, no puede ser un ciudadano democrático, y debe ser excluido de la vida pública, a menos que renuncie en ella a sus creencias religiosas.

Es la consecuencia de un equivocado entendimiento de las exigencias de la secularización y de la separación entre Iglesia y Estado. Probablemente se trate de algo peor. El principio democrático que atribuye a cada ciudadano un voto no queda condicionado por la forma en que se haya decidido ese voto.

En una sociedad democrática, no se le pregunta a cada ciudadano sobre la procedencia, religiosa o no, de sus principios, convicciones y valores. Basta con que exponga su posición y razones, sin imponerlas. El problema es que la falacia del laicismo militante pretende que toda creencia religiosa entraña la asunción del fundamentalismo. En realidad, el fundamentalista es él.

Quizá convenga precisar algo el término. El fundamentalismo consiste, al menos en su sentido más genuino, en la pretensión de convertir una determinada revelación religiosa, un texto sagrado, en Derecho. Las leyes jurídicas vendrían así a contenerse en el texto sagrado o en la interpretación dominante de él. Pero cuando un hombre religioso participa en la vida pública democrática, al menos en España y en las sociedades occidentales, no pretende nada de eso. Se limita a expresar su posición y convicciones. Igual que los agnósticos o ateos. El fundamentalismo religioso considera que el texto sagrado es el texto legal (en sentido jurídico). Cabría entonces hablar también de un fundamentalismo democrático que pretende lo contrario, es decir, convertir el texto jurídico en verdad sagrada y el Derecho en Moral.

En realidad, estamos ente una interesada y antidemocrática estrategia de exclusión del adversario. La prueba está en que no se le reprocha nada al creyente cuando coincide con la opinión progresista dominante, pero sí cuando se aparta de ella. Un ejemplo. Cuando un creyente se opone a la legalización del aborto o la eutanasia, no exhibe sus creencias religiosas particulares ni pretende imponerlas a los demás; simplemente, extrae las consecuencias lógicas del precepto: “no matarás”. Y apela a argumentos y razones, y no a su fe religiosa.

La prueba es que muchos agnósticos pueden compartir y de hecho comparten esa posición. Su actitud en esto es semejante a la de los demás ciudadanos, a quienes no se les interroga acerca del origen de sus seculares y laicas convicciones. En definitiva, la creencia religiosa sólo excluye de la práctica democrática a quien la posee si renuncia a apelar a argumentos y razones o trata de imponerla por la fuerza. La pretensión de convertir al creyente, especialmente al cristiano, en un apestado democrático es un atentado contra la democracia y contra la verdad histórica.

En conclusión, si el fundamentalismo religioso aspira a convertir una moral derivada de la fe en Derecho, el fundamentalismo seudodemocrático pretende convertir la ley democrática en moral absoluta. Son dos caras del mismo mal.

La diferencia estriba en que mientras el primer riesgo es prácticamente inexistente en las religiones cristianas, el segundo es muy frecuente entre los fundamentalistas ateos. El fundamentalismo se combate con una distinción nítida, que no separación, entre el Derecho y la Moral. Mientras que la Moral es, ante todo, asunto de la conciencia personal y está orientada al perfeccionamiento del hombre, el Derecho persigue fines sociales y, concretamente, la búsqueda de la justicia y de la paz social.

Pero cuando el Derecho aspira a suplantar a la Moral, abandona la democracia y se adentra en el ámbito del fundamentalismo. Una cosa es que, en una democracia, el Estado no asuma ninguna confesión religiosa, y otra muy distinta y antidemocrática, que la democracia se fundamente en el agnosticismo.

Ignacio Sánchez Cámara es catedrático de Filosofía del Derecho.

LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA Y POLITICA EN CATALUÑA: EL ABANDONO DE LA LIBERTAD, EL DERECHO Y LA DIGNIDAD.

Jorge Carreras
Vicepresidente de Juristas Cristianos de Cataluña.

Si damos un breve paseo por la página web del Parlamento de Cataluña, y nos detenemos a observar las Leyes aprobadas recientemente, los Proyectos y Proposiones de Ley y las Mociones presentadas por los grupos parlamentarios, hay que concluir que las iniciativas del laicismo militante son casi las únicas presentes en la actividad parlamentaria. Al menos lo son en cuanto trasciende al exterior a través de este medio. Es posible, aunque lo desconozco, que haya intervenciones, enmiendas, o interpelaciones en la actividad parlamentaria, en las que se manifieste una concepción del hombre distinta de la que sustentan los partidos gobernantes. Pero si hubiera una auténtica actividad constructiva en defensa de la libertad, de los derechos y de la dignidad de la persona, habría dado lugar, cuando menos, a iniciativas que ahora brillan por su ausencia. Recientemente CIU ha presentado una Proposición de Ley sobre "prestaciones y ayudas a familias con hijos o hijas a su cargo". Desconozco aun cual es su contenido. Pero esa es la única iniciativa que he conseguido encontrar en meses, que quizá resulte favorable a las familias.

Ante este panorama es difícil que nos sintamos representados en las instituciones políticas catalanas quienes creemos que el ser humano es algo más que pura materia perecedera, quienes creemos en la libertad del indivíduo, en la de cada indivíduo en particular, quienes creemos que cada persona, por el hecho de serlo, posee unos derechos fundamentales que son anteriores al estado y a cualquier organismo creado por el propio hombre, y que éstos deben respetar y favorecer su ejercicio.

¿Quiénes alzan la voz en Cataluña para defender la libertad de los padres de escoger la educación que deseen para sus hijos? ¿Quién alza la voz para defender la libertad religiosa de los ciudadanos de Cataluña? ¿Quién alza la voz en nuestra Comunidad para defender la dignidad de la mujer, de los menores y de las familias? ¿Quién alza la voz en Cataluña para defender el matrimonio entre un hombre y una mujer como ideal más humano y más beneficioso para los indivíduos y para la sociedad?

Cierto que de vez en cuando surge alguna defensa puntual y aislada de algún político que habla con claridad e incluso con contundencia. Pero los partidos como instituciones, y la mayoría de los representantes de los ciudadanos de todo signo, o son declaradamente laicistas, o como mucho manifiestan tímidamente algo parecido a ciertas convicciones vergonzantes.

Se nos pide el voto a los católicos, es más, se cuenta con el voto cristiano, católico, para luego mantener una actitud de pasividad, de silencio, de blandura, o incluso de complicidad. Frente a esta situación, las asociaciones y los ciudadanos que se ven amenzados por la ofensiva laicista, frecuentemente tenemos nuestra mirada fija sólo en quienes desarrollan aquellas iniciativas que atentan directamente contra la libertad. Quizá deberíamos exigir a nuestros representantes políticos que actúen con más eficacia, con más claridad cuando están en juego el derecho y la libertad de los ciudadanos. En definitiva los partidarios del laicismo luchan por aquello en lo creen; luchan por conseguir lo que piensan que es mejor para la sociedad en la que viven. También lo hacían los nazis que dieron lugar al genocidio del pueblo judio, también los comunistas soviéticos que crearon los gulags y los campos de exterminio del sudeste asiático.

Pero ¿qué piensan, qué hacen, qué convicciones tienen los políticos que no se declaran laicistas?. A éstos deberíamos animar a mantener en alto la bandera de la libertad. A ellos debemos preguntar, por ejemplo, por qué votaron unánimente en el Parlamento catalán a favor de la ley “del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista”. Por qué no defienden con contundencia el derecho de los padres a escoger la educación que desean para sus hijos frente a los Decretos que introducen la educación para la ciudadanía o frente al Anteproyecto de Ley de Educación Catalana.

Hemos de pedirles en primer lugar que tengan convicciones sólidas, y luego que sean fieles a esas convicciones; que tengan el valor y la inteligencia necesarios para defender la libertad, los derechos y la dignidad de las personas, de los ciudadandos de Cataluña, especialmente en unos momentos tan críticos como los que atraviesa nuestra sociedad. Hemos de pedirles que actúen en positivo, proponiendo soluciones constructivas, que sirvan y sean útiles a todos los ciudadanos, sean cuales sean sus modos de vivir y de pensar.

Sería muy deseable que la sociedad civil que les ha confiado con su voto la tarea de representarles en las instituciones, les apoye también para que cumplan con el mandato que han recibido, que no permanezcan en el silencio, o en la ambigüedad y que no presten apoyos vergonzantes a las iniciativas laicistas que fomentan la degradación del ser humano. Ese ha de ser quizá un objetivo prioritario y principal de la actuación de las entidades particulares, más urgente que reprochar a quienes actúan según sus convicciones erróneas.